Es el sueño de todo el que quiere comprarse una casa: resultar agraciado con una vivienda protegida, a un precio que puede llegar a ser un 50% más barato que el de mercado, se ha convertido en la gran esperanza para muchos ante la continua escalada de precios.

Para poder optar a una vivienda protegida hay que cumplir una serie de condiciones. Aunque éstas dependen de la comunidad autónoma y, a veces, del municipio donde se ubiquen, en general el adjudicatario no puede ser propietario de ningún inmueble y sus ingresos no deben superar en más de tres veces el salario mínimo interprofesional (570,60 euros al mes). Ser parado, discapacitado o mujer maltratada también suma puntos.

Las viviendas, a su vez, deben cumplir unos requisitos: no pueden tener una superficie construida inferior a 50 metros cuadrados y el 3% de las que se construyan en cada promoción deben estar adaptadas para personas con movilidad reducida.

Una sopa de letras

VPO: Las Viviendas de Protección Oficial se crearon en 1978 para aclarar el panorama legislativo en el que estaban los planes de ayuda a la vivienda desde los años cincuenta. Están promovidas por empresas privadas.

VPP: Estas siglas designan dos tipos de inmuebles: Viviendas con Protección Pública, que sustituyen oficialmente a las VPO desde 2002 –aunque aún hay algunas de promociones pendientes de entrega desde ese año–; y Viviendas de Promoción Pública, que se diferencian de las anteriores en que aquí los promotores son públicos, por lo que su precio es inferior, aunque los requisitos para acceder a ellas son más exigentes.

VPT: Las Viviendas de Precio Tasado tienen un precio fijado por la Administración, aunque con menor protección. Es decir, su precio es mayor y los requisitos para adjudicarlas son algo más flexibles.

VPA: Las Viviendas de Promoción Autonómica designan a inmuebles planificados directamente por organismos autonómicos. «En todo caso, se ajustan a las denominaciones generales de VPP», afirma Carlos Fernández, director de análisis de Freedom Finance.

Por comunidades

Polémica reventa

Una vez conseguida una vivienda protegida, las distintas administraciones establecen una moratoria entre diez y quince años para que el propietario pueda venderla a precio de mercado. Pasado ese periodo, se deberá proceder a su desclasificación, que supone la devolución al organismo adjudicador de los beneficios y las ayudas fiscales que se hubieran percibido. Sin embargo, no todos los beneficiarios de una vivienda protegida siguen este procedimiento y se producen muchas reventas fraudulentas, según las asociaciones de consumidores. Muchos propietarios ponen la casa en venta a precio de mercado y llegan a recibir hasta la mitad del precio final en dinero negro.