Sindicatos policiales protestan contra la "privatización" y "negocio" de la seguridad pública en la nueva ley

Representantes de los sindicatos CCOO PV, UGT PV, CSI·F, SUP, AUGC, UFP y UGC se han concentrado este viernes ante la sede de Delegación del Gobierno de Valencia en protesta contra la nueva Ley de Seguridad Privada, ya que consideran que supone la "privatización" de un sector "esencial" y "un negocio" para empresas. Durante la protesta, celebrada bajo el lema 'No a la privatización de la seguridad pública', han reclamado que la seguridad ciudadana siga siendo "responsabilidad pública".
Protesta en Valencia contra la ley de seguridad privada
Protesta en Valencia contra la ley de seguridad privada
EUROPA PRESS
Protesta en Valencia contra la ley de seguridad privada

Representantes de los sindicatos

Ccoo pv,

Ugt pv, CSI·F, SUP, AUGC, UFP y UGC se han concentrado este viernes ante la sede de Delegación del Gobierno de Valencia en protesta contra la nueva Ley de Seguridad Privada, ya que consideran que supone la "privatización" de un sector "esencial" y "un negocio" para empresas. Durante la protesta, celebrada bajo el lema 'No a la privatización de la seguridad pública', han reclamado que la seguridad ciudadana siga siendo "responsabilidad pública".

Los concentrados, al grito de 'No privatizar la seguridad', han solicitado la anulación de la Ley de Seguridad Privada porque la entienden como un "negocio" que beneficiará a la empresas privadas, quienes ejercerán la seguridad ciudadana bajo "sus directrices empresariales" y no estarán amparados sobre "el principio de imparcialidad con garantías".

El responsable de la administración local de CCOO, Julio Conesa, en declaraciones a Europa Press ha asegurado que detrás de la nueva Ley de Seguridad Privada "está el negocio" y ha recalcado que lo que está primando es "el bolsillo" porque cuando lo que "interesa" es "hacer negocio, da igual que lo que se toque sea la sanidad, la educación o la seguridad". En este sentido, ha destacado que las pérdidas de las empresas de seguridad privada han ido perdiendo del 8 al 10 por ciento de negocio en los últimos años. Por ello, entiende que el cambio de normativa es "un compromiso" del PP con las compañías del sector.

Asimismo, ha lamentado que la Ley de Seguridad Privada está pasando "desapercibida" porque se está "poniendo el acento" en la de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza', que ha recordado que todavía es un anteproyecto que "ni siquiera se sabe si va a ver la luz, mientras que ésta, está prevista su publicación para finales de marzo".

Por otra parte, el responsable del sindicato de UGT, Francisco Caballero, ha indicado que lo que pretende esta ley es "buscar bolsas de negocio de los amigos del Partido Popular". Caballero ha afirmado que todo es "una artimaña del Gobierno que encandila al ciudadano como vulgar serpiente" para hacerle creer que la seguridad puede ser "economicista".

Sin embargo, ha insistido en que la seguridad tiene que ser "democrática y pública". Así pues, ha sostenido que aunque una empresa privada puede "complementar" como se venía haciendo hasta ahora, "no puede suplir a la seguridad pública".

CONSECUENCIAS

"Esta ley arrincona los servicios públicos de seguridad para dejar ese espacio en manos de la seguridad privada", ha insistido Conesa. Tanto es así, que prevé que en los próximos cinco años el orden de 12.000 efectivos menos en la Policía Nacional, 10.000 efectivos menos en la Guardia Civil y la desaparición de cuerpos de la Policía Local, ha descrito.

Ambos sindicatos han recordado que los guardias privados no tienen la misma "preparación", ni "garantías", ni están sometidos al "principio de imparcialidad" porque "se deben a sus empresas". Por tanto entienden que la seguridad está supeditada a las directrices de cada empresa.

En esta línea, Caballero ha sostenido que mientras que un policía durante su vida profesional "se va reciclando" con arreglo a la legislación que va saliendo, un vigilante privado "se forma una vez" y ha ironizado con que la empresa privada le dirá "firma aquí y dí que estas enterado". "Eso un empleado público no lo hará nunca, o está formado o dirá que no lo está", ha asegurado.

Además, esta Ley de Seguridad Privada, en opinión del responsable del sector en el sindicato de UGT es "una barbaridad en toda regla" porque prevé la posibilidad de que estas empresas puedan actuar ante las infracciones administrativas —que suponen el 80 por ciento de los servicios que prestan las fuerzas de seguridad— y amplía las competencias de los guardias privados, que podrán practicar detenciones.

Por este motivo, ha aclarado que cuando hay una actuación desproporcionada de un agente público, la Administración es corresponsable y se abre una investigación. Sin embargo, teme que la empresa privada, como a su parecer suelen hacer, cierre y "la responsabilidad ya no exista".

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