El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado una moción promovida conjuntamente por PSOE e IU-CA, y a la que se ha sumado el PA, con la que la institución se suma al conflicto en defensa de la autonomía local acordado por numerosos ayuntamientos y el Parlamento de Andalucía contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como reforma local. Los populares, de su lado, han votado en contra y han defendido la citada normativa.

Amparándose en la figura del conflicto en defensa de la autonomía local que regula la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC), tanto PSOE como IU-CA están instando a las corporaciones locales donde gobiernan a formalizar dichos conflictos para superar, con creces, el requisito necesario para interponer dicho conflicto, que exige que sean al menos un séptimo de los municipios españoles que, a su vez, representen como mínimo a un sexto de la población nacional.

Así, el plenario de la entidad provincial ha aprobado "apoyar la tramitación que lleven a cabo los ayuntamientos de la provincia y el Parlamento de Andalucía, para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local".

Conflicto en la administración local

Para el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, "con nuestra incorporación al planteamiento del conflicto de competencias ante el TC nos sumamos al paso que muchos ayuntamientos están dando en esta misma dirección".

"Además —ha continuado Villalobos—, con esta decisión queremos igualmente reforzar acciones como la que tomaron el propio gobierno de la Junta de Andalucía y el Parlamento de nuestra Comunidad Autónoma, para presentar ante el TC recurso de inconstitucionalidad a la ley de reforma local".

Acerca de las circunstancias que acompañan a la presentación de estos recursos de inconstitucionalidad y conflictos en defensa de la autonomía local, el regidor provincial ha destacado que "la reforma local está consiguiendo algo inédito en democracia, como es la petición de defensa de las atribuciones constitucionales que tenemos las entidades locales ante el máximo guardián de nuestra Constitución".

"La cerrazón y el sinsentido de la reforma local es de tal magnitud que, junto a la defensa del municipalismo desde las filas del propio municipalismo, dicha norma va a recibir también varios recursos de inconstitucionalidad por parte de gobiernos y parlamentos autonómicos y desde determinados grupos parlamentarios en las Cámaras", ha remarcado Villalobos.

La autonomía municipal

"Estamos ante una ley que ataca especialmente la autonomía de los municipios más pequeños, que desmonta las políticas sociales que se vienen haciendo en el plano municipal, que lejos de ahorrar supondrá un sobrecoste de 600 millones para la Comunidad Autónoma y que, en clave de empleo, dejará en la calle a 40.000 personas en Andalucía", según el presidente de la Diputación.

La diputada de IU-CA Engracia Rivera y el andalucista Alberto Mercado, por su parte, han insistido en la "tutela" impuesta por el Estado en la Administración local y la "vulneración" del principio de autonomía local, toda vez que el diputado popular José Leocadio Ortega ha defendido la Ley negando la "privatización" de los servicios que prestan los ayuntamientos y señalando que era necesario delimitar el marco competencial.