El Defensor del Pueblo recibió en 2013 un total de 237 quejas procedentes de Cantabria, y 65 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, según consta en la memoria anual de esta institución, que recoge algunas problemáticas que preocupan a la sociedad de Cantabria como el fracking o los soplaos (hundimientos de terreno) en el Valle de Camargo.

En el informe, recogido por Europa Press, el Defensor del Pueblo recuerda que ha iniciado actuaciones en relación al empleo de la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos en Cantabria.

Al respecto, señala que la nueva Ley de evaluación ambiental de 2013 incluye expresamente la fractura hidráulica como supuesto en el que la evaluación de impacto es preceptiva, pero "no es posible por el momento dar una valoración de posibles irregularidades en que haya podido incurrir la administración pública", al no haber contestado aún el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al requerimiento de información remitido por la institución que preside Soledad Becerril.

En relación a la queja sobre los soplaos "por extracción de agua de un acuífero" en Camargo, el Defensor del Pueblo constata que "las administraciones no permanecen pasivas y están actuando, aunque se les ha animado a que promuevan la mejora de la calidad de la vida de quienes conviven diariamente con los soplaos".

Por otro lado, el informe del Defensor del Pueblo da cuenta de una recomendación y una sugerencia que se hizo el año pasado al Servicio Cántabro de Salud, motivadas por la denegación a un niño con discapacidad severa de un tratamiento de salud bucodental que sólo se puede llevar a cabo en hospital y con anestesia.

Elevado el asunto a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, su titular ha ratificado el rechazo a estas resoluciones. El Defensor del Pueblo explica en su informe que esta actuación ha concluido en discrepancia, sobre todo porque los razonamientos reflejados en las resoluciones han sido "aceptados y aplicados por otras administraciones sanitarias".

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha formulado un recordatorio a Cantabria del deber legal de resolver en tiempo y forma por demoras en la resolución de recursos de alzada.

En materia de nutrición infantil, la institución de Soledad Becerrial sitúa a Cantabria entre las comunidades autónomas que, al igual que Castilla y León, Madrid, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco, y Murcia, manifiestan no tener detectado un problema estructural, aunque consideran que la red general de cobertura, basada en rentas de integración, ayudas de emergencia y, en algún caso, comedores sociales, es suficiente para atender las necesidades que puedan producirse en este ámbito.

Las quejas bajan un 32%

La Oficina del Defensor del Pueblo tramitó un total de 22.692 quejas en 2013, un 32,2 por ciento menos que el año anterior, en el que hubo un repunte como consecuencia del impacto de los recortes en ámbitos como la sanidad o la educación, la supresión de la paga extra a los funcionarios, las participaciones preferentes o los compromisos hipotecarios a los que los ciudadanos no podían hacer frente por la crisis.

Pese al descenso del número de reclamaciones, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, destaca en este informe anual 2013, que este jueves ha entregado a los presidentes del Congreso y el Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, respectivamente, que las dificultades económicas "continúan" respecto a 2012 y que las circunstancias "no han cambiado de manera súbita" para los ciudadanos españoles.

Las solicitudes de recurso de inconstitucionalidad han experimentado una reducción considerable, ya que han pasado de 246.743 en 2012 a 10.128 en 2013, un 96 por ciento menos. La Oficina del Defensor del Pueblo aclara que el año pasado la mayoría de estas peticiones se presentaron con motivo de la supresión de la paga extra de los funcionarios.

Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas donde se presentaron más quejas al Defensor del Pueblo en 2013, mientras que las solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad procedieron principalmente de Madrid, Andalucía y Castilla y León, según muestra el último Informe Anual de esta institución a las Cortes Generales.

La distribución geográfica de los escritos dirigidos al Defensor del Pueblo responde a factores demográficos, es decir, que las comunidades más pobladas son en general las que concentran un mayor número de escritos.

En las quejas —que el ciudadano puede presentar si considera que en su relación con las administraciones públicas se han visto vulnerados sus derechos—, Madrid se sitúa a la cabeza, con 5.942, seguida de Andalucía (2.866), Comunidad Valenciana (2.234) y Castilla y León (2.225).

A mayor distancia se encuentran Cataluña (1.951), Murcia (1.463), Castilla-La Mancha (1.126), Galicia (773), Canarias (724), Aragón (539), País Vasco (481), Baleares (469), Extremadura (434) y Asturias (371), y a la cola están Cantabria (237), Navarra (220), La Rioja (133) y las ciudades autónomas de Melilla (53) y Ceuta (51).

Peticiones de recurso ante el tc

Madrid, con 2.521, y Andalucía, con 1.981, son también las dos comunidades donde más escritos se presentaron en 2013 para que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, interpusiera recursos ante el Tribunal Constitucional, y las siguen en la lista Castilla y León (904), Galicia (732), Canarias (638) y Comunidad Valenciana (557).

No se alcanzaron los 500 escritos en Asturias (460), Castilla-La Mancha (439), Aragón (372), Murcia (371), Cataluña (355), País Vasco (213), Baleares (179), Extremadura (153), Cantabria (65), Navarra (59), Melilla (47), La Rioja (36) y Ceuta (30).

Por provincias, en las que más quejas se registraron son —sin contar con las autonomías uniprovinciales— Barcelona (1.520), Valencia (1.181) y Sevilla (757). Y en el caso de las solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, Córdoba (468), Sevilla (395) y Las Palmas (380).