El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha anunciado este jueves que pedirá la comparecencia en el Parlamento regional del consejero de Fomento, Antonio Silván, para buscar las posibles "responsabilidades" que pudo haber en la Consejería con la modificación irregular del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, después de que una sentencia del Tribunal Supremo haya "confirmado la manipulación" ocurrida en el texto.

En una rueda de prensa celebrada tras el Pleno de las Cortes que ha concluido este jueves, la procuradora socialista Ana Muñoz de la Peña, acompañada por los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente y Javier Izquierdo, ha explicado la forma en la que pretenden llevar "por cuarta vez desde 2008" este asunto al debate parlamentario regional.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León anunció el pasado viernes que iniciaba las actuaciones administrativas para la revisión de oficio de la orden que aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2014 que resuelve el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento y la Administración regional contra el auto del TSJCyL que anuló en febrero de 2011 la orden que aprobó la Junta por solicitud del Ayuntamiento de la capital vallisoletana para corregir los "errores materiales" en nueve artículos y dos planos del citado plan urbanístico.

A juicio de Javier Izquierdo, el consejero Silván debería "explicar por qué no corroboró en su momento la legalidad" del plan que aprobó la Comisión territorial con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en septiembre de 2003 y que presentaba la modificación "ilegal" de nueve planos y dos artículos con respecto al tenor recogido en el texto que salió del pleno del Ayuntamiento vallisoletano un mes antes.

Este hecho, han coincidido Puente e Izquierdo, supuso una "grave vulneración" de la voluntad democrática de los ciudadanos de Valladolid porque "alguien a espaldas del Pleno" manipuló los documentos "para favorecer de forma dolosa los intereses de otras personas".

Puente también ha advertido de que en esta actuación se contó con "la colaboración" de la Administración regional para "perpetuar" la ilegalidad durante seis años ya que se accedió a tramitar la corrección del texto como una modificación de errores materiales en lugar de una revisión de oficio que fue lo que reclamó en su momento el PSOE y que, en opinión de Javier Izquierdo, habría ahorrado "muchos años de peregrinaje" por instancias judiciales.

Mientras tanto el también secretario general del PSOE de Valladolid ha recordado que, en su momento, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León respondieron con "burlas y risas" a la reclamación de los socialistas e incluso se acordó la tramitación como errores materiales "sin contar con un informe técnico que lo respaldase".

Óscar Puente ha destacado que la última sentencia sobre el asunto incluye referencias "burlescas" al recurso presentado por Junta y Ayuntamiento, y despacha la negativa en "a penas dos párrafos. Asimismo, ha recordado que hay abierta una vía penal con hasta 12 personas físicas -entre ellos el exconcejal José Antonio García de Coca y el actual secretario municipal, Valentín Merino— y cuatro empresas imputadas y sobre el que está pendiente un recurso de la Fiscalía de Valladolid para la imputación del alcalde, Francisco Javier León de la Riva.

Así, ha enfatizado que el regidor vallisoletano se encuentra en una "situación insostenible" pues considera que desde el pasado 31 de diciembre cada semana se conoce "una media de dos resoluciones judiciales" contrarias a los intereses del Consistorio.