El presidente de Melilla dice que colaborará con la Justicia pero se queja de su "lentitud"

Tras los registros en varias consejerías en una operación en la que se investiga si habido irregularidades al adjudicar contratos menores

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha manifestado que su Gobierno "va a colaborar con la Justicia" tras los registros que se están realizando este miércoles en varias dependencias del Gobierno y en empresas colaboradoras dentro de una operación en la que se investiga si habido irregularidades en la adjudicación de contratos menores, pero se ha quejado de "la lentitud" de la Justicia porque asegura que no sabe qué buscan "ya que está bajo secreto de sumario" desde septiembre de 2013.

En declaraciones a los periodistas nada más aterrizar del avión de Málaga que le trajo de vuelta tras asistir al Debate sobre el Estado de la Nación en su calidad de senador del PP, Imbroda ha asegurado que van a facilitar a los miembros de la Guardia Civil que están realizando los registros "los documentos que hagan falta, los ordenadores y todo lo que nos pidan".

La primera autoridad melillense ha subrayado que vivimos en un Estado de Derecho "porque todos somos iguales ante la Ley" y ha mostrado su confianza "en la Justicia con mayúsculas que es igual para todos".

No obstante, ha criticado "la lentitud" con la que se está desarrollando la llamado "Operación Ópera", porque causa indefensión al Gobierno "ya que no sabemos qué se busca ni qué contratos quieren ni de qué empresas".

La intervención de la Guardia Civil comenzó en el mes de septiembre de 2013, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 4 de melilla, con varios registros en distintas consejerías del Gobierno melillense tras la detención de un pequeño empresario que había sido adjudicado con varios contratos menores de la Ciudad y sin embargo no los había declarado a Hacienda.

En octubre continuó esta operación, ya con la detención del actual y anterior consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo de Melilla, José Ángel Pérez Calabuig y Ramón Gavilán respectivamente, el director general del área y otros altos funcionarios de esta consejería, que quedaron en libertad con cargos y con la retirada del pasaporte, salvo Gavilán, al que se lo devolvieron recientemente por no existir riesgo de fuga por su arraigo familiar y laboral en Melilla -es el director del Centro de la UNED en Melilla- y por su edad, rondando los 70 años.

Este miércoles, cuatro meses después de las últimas intervenciones, se están realizando registros en varias dependencias de la Ciudad Autónoma de Melilla, gobernada por el Partido Popular. Los registros están siendo llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO), agentes pertenecientes a la Unidad de Delitos contra la Administración llegados desde Madrid.

Los registros, que se han iniciado a primeras horas de este miércoles y todos al mismo tiempo, se están llevando efectuando tanto en dependencias oficiales, como en la Consejería de Bienestar Social, Festejos, Seguridad Ciudadana, Contratación, entre otras, y en el propio Palacio de la Asamblea que acoge distintas consejerías y el Salón de Plenos, así como empresas que trabajan con la Ciudad Autónoma.

Las intervenciones de este miércoles continúan y por el momento no hay más arrestos que sumar a los que se realizaron en septiembre y octubre del pasado año.

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