El Pleno del Parlamento de Andalucía ha acordado este miércoles, con los votos de PSOE-A e IULV-CA y el rechazo del PP-A, que la institución interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, conocida como la reforma local.

La Cámara ha celebrado un pleno específico tras la propuesta conjunta de PSOE-A e IULV-CA, socios en la Junta, planteando que la institución presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la citada norma. El Parlamento ha decidido plantear recurso después de que el Gobierno andaluz acordara ayer también recurrir la norma ante el TC.

En defensa del recurso, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha manifestado que el Gobierno de Mariano Rajoy persigue hacer desaparecer, con "su nefasta y flagrantemente inconstitucional" reforma local, a los ayuntamientos, que jugaron un papel crucial en la consecución de la autonomía de Andalucía.

Ha indicado que, en justa reciprocidad, corresponde ahora a la comunidad autónoma salir en defensa de la democracia municipal. Ha mostrado su preocupación por que el "reformazo del Gobierno del PP impone un desmontaje del edificio constitucional por la puerta falsa" y va contra la Constitución y el Título III del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que regula la organización territorial de la comunidad y donde se apuesta por la autonomía local.

Jiménez ha recalcado que la ley es "manifiesta, escandalosa y obscenamente inconstitucional", porque va contra el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades y recoge preceptos que van contra la autonomía local y contra artículos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Según Mario Jiménez, esta reforma abre la puerta a la pérdida de más de 40.000 empleos públicos en Andalucía y será una fuente de profunda desigualdad, porque "destroza" los servicios públicos municipales.

"Se busca hacer caja con el bienestar de la ciudadanía", según ha alertado el portavoz socialista, en relación con la "privatización" de los servicios públicos municipales. Ha indicado que esta ley, "que empezó mal, sin consenso, y que terminará mal", es uno de los "mayores ataques perpetrados contra la democracia en España".

"falsedades" del psoe-A

Sobre la ley

Por su parte, el diputado del PP-A Antonio Sanz ha criticado las "falsedades" del PSOE-A sobre la ley, que "no interviene" a los municipios de menos de 5.000 habitantes mientras que no plantea diferencias de competencias entre municipios mayores de 20.000 habitantes y menores. Ha indicado que el portavoz del PSOE-A ha hecho el "ridículo", demostrando que "no se ha leído" la norma.

Ha señalado que si el PSOE-A y la Junta querían defender a los municipios, en lugar de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local, deberían empezar por pagar lo que el Gobierno andaluz debe a los ayuntamientos y por cumplir con el Plan de Cooperación Municipal. Ha indicado que la Junta no puede presumir de defender a las corporaciones locales, cuando los ayuntamientos han perdido desde 2010 y hasta 2014, 1.587 millones por el Plan de Cooperación Municipal.

Para Sanz, el único programa de gobierno de la Junta es el Tribunal Constitucional, y le ha reprochado que ahora salga en defensa de la autonomía local, cuando se salta todos los días "la autonomía andaluza". "Sin confrontación no son nada, viven de ella porque no saben qué hacer con Andalucía", ha dicho el diputado del PP-A.

Ha advertido además a los socialistas y al Gobierno andaluz de que los recursos ante el TC no les hacen más autonomistas y de que por ese camino "no se va a ningún sitio". Ha pedido a la Junta "más lealtad institucional y menos confrontación", así como "más gobierno y menos oposición". A su juicio, el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local "no tiene base ninguna".

El portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro, ha manifestado que esta ley es "invasiva" e "injusta", porque persigue la privatización de los servicios municipales y el desmantelamiento del actual modelo local. Con esta ley, nos encontramos, según ha precisado, ante un cambio total de modelo que vulnera el principio de autonomía local y la Carta Europea de Autonomía Local y ha señalado que la posición del Gobierno del PP, que representa el "lado oscuro" de la política, va contra "la lógica" y contra todo lo construido en la democracia.

Ha señalado que esa norma ignora las competencias autonómicas sobre régimen local reflejadas del Estatuto de Autonomía y "desprecia" a los ayuntamientos en comparación con otras administraciones. Ha indicado que esta ley afectará de manera fundamental a la cohesión económica, social y territorial y romperá el principio constitucional de igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos residan donde residan.

Ha mostrado su preocupación por la diferencia arbitraria que establece la ley entre los municipios según tengan más o menos de 20.000 habitantes. Castro ha señalado que el Estado establece mecanismos de tutela y se va a intervenir a ayuntamientos para fortalecer instituciones como las diputaciones, a las que se va a atribuir la privatización de ciertos servicios. El portavoz de IU-CA ha reclamado al Gobierno una moratoria en la aplicación de la norma hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre los recursos.