Representantes de las asociaciones de estanqueros de las ocho provincias andaluzas, reunidos este miércoles en la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), para analizar cómo afecta a su sector el contrabando de tabaco, han determinado solicitar la intervención de la Unión Europea (UE), a través de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), "para que ayude al Gobierno español" en la erradicación o disminución de esta práctica delictiva, que solo el pasado año le costó a Andalucía dejar de recaudar 220 millones de euros menos en concepto de impuestos especiales de cigarrillos.

Así lo han destacado, en rueda de prensa, los presidentes de los estanqueros de Cádiz, José Bermúdez; Sevilla, Fernando Romero; Córdoba, Manuel Fernández; Málaga, Mario Espejo; Huelva, José María Domínguez; Jaén, Enrique Casado; Granada, María José Ruiz, y Almería, Francisco Javier García, en representación, en ese orden y en cuanto a las seis primeras, de las provincias que se ven más afectadas por el contrabando de tabaco en toda España.

De hecho, según los datos facilitados por los estanqueros, sus ventas en Andalucía se han reducido en los últimos cinco años un 56%, pasando de los 820 millones de cajetillas que vendieron en 2008, a los 357 millones de cajatillas que vendieron el pasado año y lo más grave es que la tendencia a la baja se ha mantenido a lo largo de todo ese periodo, de ahí que, aunque alaban el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra el contrabando del tabaco, los estanqueros entienden que es necesaria "una mayor coordinación internacional" y, por eso, creen precisa la intervención de la OLAF, como ya hiciera dicho organismo en 1998.

Entonces, gracias al trabajo conjunto de los cuerpos policiales y de aduanas de los distintos países de la UE, se logró prácticamente erradicar el contrabando de tabaco en España, opinando los estanqueros que de nuevo hay que recurrir a medidas policiales más efectivas, junto con otras medidas fiscales y legales, que ya le han pedido al Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy, para facilitar así la acción de la Justicia y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contra el contrabando de tabaco, cuya venta "se anuncia y se lleva a cabo sin ningún problema en domicilios particulares".

La consecuencia de todo ello, según han precisado los estanqueros, más allá de las pérdidas económicas para sus negocios, es que en Andalucía, entre los años 2009 y 2013, le ha supuesto una pérdida de 800 millones de euros, en concepto de impuestos especiales de cigarrillos, teniendo en cuenta que, por Ley, a las comunidades autónomas les corresponde el 58% de la recaudación de tales impuestos.