El Pleno de Utrera debatirá una moción contra el "recorte de competencias" ante la nueva reforma local

El Pleno del Ayuntamiento del municipio sevillano de Utrera debatirá el jueves, a propuesta de la Alcaldía, una iniciativa contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local promovida por el gobierno del Estado al entender que supone un "recorte de competencias".

El Pleno del Ayuntamiento del municipio sevillano de Utrera debatirá el jueves, a propuesta de la Alcaldía, una iniciativa contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local promovida por el gobierno del Estado al entender que supone un "recorte de competencias".

En una nota, el Ayuntamiento utrerano indica que en la moción se considera que la ley "lesiona la autonomía local constitucionalmente garantizada, yendo en contra de los artículos 140 y 141 de la misma". De este modo, asegura que "se pretenden alterar funciones de gobierno y administración de municipios y provincias". "El Estado, según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, deja de ser garante de la autonomía para municipios y provincias y pretende pasar a impedir o dificultar la mejora y ampliación de la autonomía local por las Comunidades Autónomas", critica.

Además, señala que la ley establece, además, una diferencia "arbitraria" entre los municipios según tengan más o menos de 20.000 habitantes, "imponiendo controles, cargas y restricciones sobre los de menos de 20.000 habitantes, que no se aplican a los de más población aunque incurran en las mismas conductas". De este modo, alerta de que se potencia un modelo de población "basado en los grandes núcleos, dificultando el mantenimiento de los pequeños municipios".

"Muchas de las competencias que se sustraen a los ayuntamientos serán absorbidas por las Diputaciones provinciales, órganos que salen de este modo reforzados por la Ley", indica.

Según explica, los criterios que priman la aplicación de esta ley se sustentan "en la rentabilidad económica, obviando la rentabilidad social, que es la que ha de primar en la administración pública". En este sentido, insiste en que "peligran las competencias municipales en materia de servicios sociales o educación, que pasarían a estar regidos por una entidad supramunicipal y, por lo tanto, más alejada del ciudadano".

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