En su última sesión de 2013, recordémoslo, el pleno de la Diputación provincial revocó, por unanimidad de todas sus fuerzas políticas, el acuerdo plenario previo que, merced a la Ley Estatal de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, destinaba a la "amortización anticipada de deudas" los 39,3 millones de euros correspondientes al superávit de la liquidación del presupuesto de 2012.

El nuevo acuerdo, en paralelo, implica una adhesión a la disposición recientemente incorporada a la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el sector público, que estipula "reglas especiales" para el gasto del superávit presupuestario, al objeto de destinar a "inversiones financieramente sostenibles" los citados 39,3 millones de euros, extremo que debe ser consumado durante 2014.

El asunto del superávit

Pero no todo acabó ahí. Y es que al poco, el Gobierno provincial socialista señalaba que una enmienda del Grupo popular en las Cortes Generales reducía de 89 a 14 los supuestos susceptibles de ser considerados como "inversiones financieramente sostenibles", quedando excluidos de esta criba supuestos como los relacionados con los asuntos sociales, por ejemplo.

Después de que dicha enmienda fuese finalmente retirada, el Gobierno provincial socialista y el resto de fuerzas políticas de la institución; PP, IU-CA y PA, han consensuado una declaración institucional que insta al Ministerio de Hacienda a "flexibilizar las condiciones para invertir el superávit (...) ampliando los programas presupuestarios que se correspondan con las competencias propias de los ayuntamientos y dando respuesta a las necesidades reales de los municipios de la provincia. El documento, recogido por Europa Press, pide además "que se permita la transferencia a todos los ayuntamientos para la ejecución de los programas incluidos en el capítulo siete, independientemente de su situación económica y financiera".

El decreto Ley 2/2014, publicado ya en el BOE, ciñe de cualquier modo estas inversiones a saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas; recogida, eliminación y tratamiento de residuos; alumbrado público; protección y mejora del medio ambiente; mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos; industria; energía; comercio; ordenación y promoción turística; promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte; infraestructuras del transporte; recursos hidráulicos; investigación científica, técnica y aplicada; y asuntos de la sociedad de la información y gestión del conocimiento.

"El gobierno ha practicado otra vez el juego del trile, colando la cuestión por la puerta de atrás en un decreto que venía a reparar daños del temporal en la costa Cantábrica", dice Villalobos sobre la naturaleza principal del mencionado decreto. Así, habla de "sabor agridulce, porque podremos invertir el superávit en inversiones de competencia municipal en las que tenemos necesidades, pero a la vez no podremos hacerlo en el ámbito social ni en planes de empleo". En esa línea, la redacción definitiva añade otros siete supuestos a los que inicialmente podían aplicarse las partidas de superávit, según admite.

"no del todo satisfechos"

Para el regidor provincial, "aunque no estamos del todo satisfechos con el resultado final, lo cierto es que la voz unánime del municipalismo sevillano, congregado en el salón de plenos hace diez días, ha sido determinante a la hora de imprimir sentido común y celeridad a un asunto que se estaba empantanando".

Ahora, según el presidente de Diputación, "ya está acotado cuál es el espacio y el margen de maniobra en el que nos movemos y, desde ahora, la institución provincial está en marcha para darle a las inversiones del superávit el perfil más cercano a lo que los alcaldes y alcaldesas reclamaron en la reunión que mantuvimos el pasado 14 de febrero".

En esa línea, Villalobos ha lamentado "que no puedan ser los ayuntamientos los que contraten a aquellas personas que más lo necesitan en nuestros municipios", porque el texto del real decreto Ley así lo impide, dejando muy claro que los gastos solo pueden imputarse a capítulo VI, en el caso de los consistorios, y también a capítulo VII, en el caso de las diputaciones.

Sí ha valorado positivamente el mandatario provincial "el hecho de que podamos destinar superávit a la casi totalidad de los ayuntamientos, con la salvedad de los que no estén al corriente con Hacienda y Seguridad Social". En este particular, la novedad radica en la posibilidad de destinar inversiones del superávit de la Diputación a aquellos ayuntamientos que, sin cumplir con ratio de endeudamiento, remanente positivo y superávit, dicha inversión no conlleve gastos de mantenimiento aunque, eso sí, se exige que dichos consistorios estén al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

"Será en esa posibilidad de llegar a todos en la que pondremos en marcha todo nuestro potencial para conseguir que las inversiones del superávit, ya que no pueden contratar directamente los ayuntamientos, las hagan en su inmensa mayoría las empresas locales de cada lugar, apostando así por la reactivación de las economías de nuestros pueblos", ha remarcado Villalobos.

La inversión financieramente sostenible aprobada y publicada en el BOE para aplicar el superávit mantiene, igualmente, que dichas inversiones deben efectuarse en 2014, pero añade que en caso de que no se certifique la totalidad, se podrán reconocer obligaciones en 2015 siempre que se hayan adjudicado completamente en 2014.

En relación con los plazos para aplicar el superávit, el presidente de la Diputación ha asegurado que "desde la entidad provincial vamos a poner todo lo que está de nuestra mano para que las inversiones estén todas adjudicadas en este año, porque estamos hablando de 40 millones que vendrán como agua de mayo para la reactivación de la provincia".