Tras años de denuncias ante la Unión Europea, hoy llega una delegación de eurodiputados para examinar sobre el terreno posibles irregularidades en diferentes pueblos de la Comunitat, sobre todo del sur de Alicante.

Según la asociación Abusos Urbanísticos No, el ritmo de denuncias ha bajado desde que entró en vigor la nueva Ley Urbanística Valenciana, ya que «la Generalitat ha paralizado 90 programas de actuación integrada (PAI)», pero no se han detenido. Los abusos consisten en expropiaciones ridículas, presiones para vender, adjudicaciones encubiertas...

Es el caso de Macu Esteve, que hace tres años se enteró de que una empresa quería urbanizar en su casa, en la localidad alicantina de Polop de la Marina.

«Creamos una asociación de afectados y pusimos 6.000 euros por cabeza para ejecutarlo nosotros». Son unas 20 familias, que tendrán que reparcelar, hacer viales y zonas verdes. «Todos hemos perdido el 40% del terreno que teníamos», confiesa.

El conseller de Territorio, Esteban González Pons, coincidió con los promotores en calificar de «agresión» la visita y dijo que afecta al turismo.

Casos sonados

Catral. Hay 1.200 casas ilegales. En octubre le quitaron las competencias en materia urbanística.

Cullera. Quieren hacer 33 torres de 25 alturas sin haber agua asegurada.

Parcent. Han paralizado 1.500 casas en un pueblo de apenas 900 habitantes.

Riba-roja. El Valencia ganó 132 millones con su futura ciudad deportiva, donde hará 2.700 casas.