La Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria ha rechazado la invitación que le ha hecho el Gobierno regional para formar un grupo de trabajo conjunto con el fin de buscar soluciones que impidan el uso del fracking en Cantabria.

Así se lo traslada el colectivo al consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, en una misiva en la que "declina amablemente" la invitación y apela a su independencia y pluralidad, al tiempo que manifiesta su deseo de mantenerse "al margen de intereses partidistas", "por la naturaleza misma del momiento de oposición al fracking y por la consecución de sus objetivos".

En la charla celebrada en Selaya el pasado mes de noviembre, el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, propuso por primera vez al 'movimiento antifracking' una colaboración "sin barreras", a través de reuniones periódicas con representantes o portavoces del mismo.

Esta invitación se ha repetido tras la suspensión de la ley que prohíbe el fracking en Cantabria como consecuencia del recurso presentado por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, y el pasado 11 de febrero le llegó oficialmente al colectivo por escrito.

En su respuesta, que recoge Europa Press, la Asamblea contra la Fractura Hidráulica subraya que es "un orgullo y una alegría la dimensión y fuerza" que ha cobrado el movimiento antifracking en Cantabria, como lo es también "que nadie pueda llevarse los méritos de dicho movimiento, ni el Gobierno, ni ningún partido político o agrupación; ni la propia Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, solo sus protagonistas directos, la población cántabra".

INDEPENDENCIA

La Asamblea puntualiza que no ostenta la representación o el papel de portavoz de ese movimiento, y que ha dedicado sus esfuerzos a "informar y divulgar a todo aquel que ha querido escuchar", y a articular y desarrollar las propuestas de movilización que surgían de la población o de la propia Asamblea, todo ello "con una transparencia absoluta e intentando fomentar la participación, y con una independencia absoluta de cualquier grupo de poder o de intereses partidistas que muchos pretenden lograr esgrimiendo el fracking como arma arrojadiza".

"Nos sentimos presionados por dichos intereses partidistas, de los que preferimos mantenernos al margen, pues solo pueden derivar en problemas para alcanzar el objetivo que todos perseguimos", sentencia la Asamblea, que considera que aceptar la propuesta del Gobierno supondría "autoproclamarnos algo que no somos, algo que ese amplio movimiento antifracking, muy masivo, activo y heterogéneo, no nos ha concedido ni nunca hemos buscado".

Frente al mensaje de "tranquilidad" del Gobierno, que reitera una y otra vez que va a utilizar todos los recursos legales a su alcance, y en particular la legislación urbanística, para impedir el fracking en Cantabria, la Asamblea lanza un mensaje de "cautela", de "seguimos trabajando en los ámbitos en los que nos corresponde desenvolvernos a nosotros".

Además, "no comparte la contundencia o suficiencia" de las soluciones del Gobierno "con o sin ley", porque de hecho, en la charla de enero en Vega de Pas "reconoció que, sin la ley, tenemos menos armas y más riesgos".

Por otro lado, la Asamblea subraya que la movilización ha sido hasta hoy "la principal fuerza que ha puesto el asunto del fracking donde está", y considera que "el mensaje de tranquilidad y suficiencia, dejándolo todo en manos del Gobierno", puede tener un efecto "desmovilizador" de la población, "como ocurrió con el anuncio de la Ley autonómica de prohibición del fracking precisamente en la víspera de la primera gran movilización contra la fractura hidráulica en Cantabria".

Permiso arquetu

A la Asamblea le "choca" también que la derogación del permiso Arquetu por parte del Gobierno de Canbabria se haya producido después de "dos años y medio" con él "en el aire" y que no se haya actuado hasta que la Ley autonómica contra el fracking fue recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional y quedó suspendida, al menos temporalmente. "Con la mencionada Ley en vigor, el momento hubiera sido objetivamente mejor, de ser ese su único objetivo", agrega la Asamblea.

El colectivo entiende que la anulación del permiso regional Arquetu, "se debe al trabajo de hormiguita que ha logrado semejante fuerza de oposición, y el mérito por ello debería atribuirse al conjunto de la ciudadanía, que ha aportado su esfuerzo para ello" agrega.

Por otro lado, la Asamblea muestra su preocupación por el posicionamiento del Gobierno respecto a la campaña de sísmica, trabajos previos de fracking a los que parece que atribuye una "importancia menor" pese a que son el "mapa del tesoro" de las empresas gasistas. Además, no entienden cómo ninguna Consejería alegó contra la realización de los estudios de sísmica.