La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha ordenado a varias entidades bancarias que faciliten información sobre distintas cuentas cuya titularidad la ostentan los sindicatos UGT y CCOO, entre ellas una cuenta de UGT-PV, todo ello a fin de concretar los fondos públicos que cobraron como "contraprestación" por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas.

En un auto notificado este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya responde a un oficio en el que la Guardia Civil "pone de manifiesto que hasta el momento han podido acreditar que los sindicatos y sus entornos societarios habrían sido receptores de fondos públicos, indiciariamente como contraprestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas, que habría permitido obtener altos beneficios a las mediadoras intervinientes".

De este modo, la juez ordena a varias entidades bancarias que informen sobre cuentas asociadas a la Federación Regional del Metal, Construcción y Afines; UGT-Valencia; Confederación sindical de CCOO, y Federación Agroalimentaria.