El alcalde de Los Marines recurre la sentencia al considerar que "no existen argumentos jurídicos"

El alcalde de Los Marines (Huelva), José Ramón Rodríguez --ahora alcalde no adscrito, antes socialista--, ha recurrido la sentencia que lo condena a un año y once meses de prisión y a nueve años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio y por otro continuado de prevaricación urbanística, tras construir ilegalmente una vivienda en suelo protegido enclavado en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

El alcalde de Los Marines (Huelva), José Ramón Rodríguez —ahora alcalde no adscrito, antes socialista—, ha recurrido la sentencia que lo condena a un año y once meses de prisión y a nueve años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio y por otro continuado de prevaricación urbanística, tras construir ilegalmente una vivienda en suelo protegido enclavado en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez, primer edil de Los Marines desde 1995, ha remarcado que ha presentado el recurso a la Audiencia al considerar que "no existen argumentos jurídicos" para condenarlo por "una edificación de 70 metros cuadrados en una zona no de especial protección".

Cabe recordar que desde que conoció la sentencia, a principios del pasado mes de diciembre, el alcalde gobierna en el municipio como alcalde no adscrito, pidió su baja como militante del PSOE pero no llegó a entregar su acta de concejal, tal y como le solicitó el partido.

En la sentencia, el juez considera probado que el condenado, en calidad de promotor, llevó a cabo, entre 2006 y 2008, la construcción de una vivienda de 75 metros cuadrados con tejado a dos aguas, sótano y porche en una finca de su propiedad, a 500 metros de su domicilio habitual, situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Sin embargo, el juzgado señala que éste solicitó en 2005 una autorización del Parque Nacional, dependiente de la Junta de Andalucía, con el fin de construir una caseta de aperos, estando concedida la licencia municipal por el teniente de alcalde de la localidad, Benjamín Aranda, también condenado, siendo plenamente consciente del delito.

El juez condenó a Aranda como responsable de un delito continuado de prevaricación urbanística a un año y tres meses y un día de prisión y a ocho años y seis meses de inhabilitación para el empleo o cargo público de carácter electivo en cualquier administración. En cambio, el juzgado decidió absolver a la arquitecta municipal, para la que la Fiscalía en sus conclusiones finales retiró la acusación.

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