El concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez, ha anunciado que ya se trabaja con tres posibles alternativas al trazado de la SE-35 y que pasarían por conectar San Nicolás Oeste, donde se prevé la instalación de Ikea, a través de la A-4, añadiendo que se tomará la decisión final sobre si ejecutar una de estas opciones o continuar con el proyecto de la SE-35 en tres meses y una vez que el Ministerio de Fomento se haya pronunciado.

Vílchez hace referencia así a las medidas que asegura que el Ayuntamiento está tomando después de que la Unión Europea, a instancias de la Asociación Movida Pro-Parque Tamarguillo, haya incoado un expediente sobre la incidencia del proyecto de la SE-35, en el tramo comprendido entre la avenida Emilio Lemos y la carretera A-8008, en el mencionado parque público, creado gracias a fondos comunitarios. Además, cabe señalar que la Junta de Andalucía aprobó la calificación ambiental del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, en el que figura el tramo de esta ronda urbana.

En rueda de prensa, ha explicado que Europa ha comunicado la apertura del expediente por el planteamiento de una denuncia, pero "no se ha dado el resto de información". En ese momento, asegura que el Ayuntamiento decidió el comienzo del trabajo para la elaboración de alternativas, que pasarían por la conexión de San Nicolás Oeste a través de la A-4.

Sin embargo, deja claro que si finalmente se desarrolla una de estas alternativas, eso no supone que no se ejecute la SE-35, una "vía necesaria recogida en el PGOU". "Que Europa abra un expediente no quiere decir que tenga razón", advierte, añadiendo que "hay inversores preparados para San Nicolás Oeste y existe un problema urgente de accesos". Así, explica que se trabaja en esas alternativas para que no se produzcan retrasos en el desarrollo de la zona y se ponga en riesgo la inversión.

Vílchez detalla que se está ya trabajando con Demarcación de Carreteras, mientras se analizan también las posibilidades con los interesados en San Nicolás Oeste, "que no pusieron objeción tras explicarles la situación. El resultado de esta labor se llevará al Ministerio de Fomento, quien tendrá la última palabra sobre si se desarrolla mediante una rotonda o un pequeño puente, entre otros. "No tiene por qué retrasarse la solución, porque sería un tema más económico y más rápido de ejecutar que la SE-35", indica, dejando claro que, si hubiera que optar entre la SE-35 y la conexión mediante la A-4, se realizaría la de la SE-35.

Respecto al expediente en cuestión, advierte de que es "sólo" una apertura inicial y ahora el Ayuntamiento hará alegaciones, "pero sobre todo las habrá de hacer la Junta, que es quien hizo la calificación ambientas del PGOU". "No es un problema de la SE-35, sino que cuestiona cualquier infraestructura relacionada con el plan. Vamos a pelear y hay que ir de la mano con la Junta, sin que se pongan zancadillas a nadie"

Accesos en la cartuja

Por otra parte, Vílchez ha lamentado la "incongruencia" de la Junta de Andalucía en cuanto al desarrollo de los accesos a la Isla de la Cartuja, apuntando que la propuesta planteada por el Ayuntamiento para dar salida al aumento de afluencia a la zona como consecuencia de la apertura de la Torre Pelli fue rechazada alegando que era "un factor de atracción de vehículos, pese a que el PGOU contempla el puente, aunque en otro lugar". Sin embargo, advierte de que la pasarela peatonal existente se ha transformado y cuenta con el paso de vehículos "sin ninguna modificación, pero la Junta ahí no dice nada".

"No se ajusta a razones, sino que lo hace para fastidiar al Ayuntamiento y poner palitos en las ruedas, a pesar de que cuando se diseñó ese nuevo puente, con el anterior gobierno, a la Junta le parecía maravilloso. El informe que nos han remitido es clarísimamente sectario y les importa poco que se cree empleo o riqueza en la ciudad.

Por último, ha hecho referencia a la información avanzada por ABC sobre el requerimiento hecho por la Gerencia de Urbanismo a Agesa de unos tres millones de euros estipulado en un convenio de 2006 como compensaciones por recalificaciones recibidas del PGOU, un montante que se preveía destinar a una pasarela peatonal. A este respecto, Vílchez asegura que Agesa apunta a problemas en lo redactado pero que ya se están estudiando soluciones. "Si el acuerdo no vale para una parte pues no ha de valer tampoco el resto", insiste, indicando que se exigirá que se cumpla con su parte porque "esto no es excusa para no cumplir con sus obligaciones en la gran parte, teniendo en cuenta que Agesa ha sido beneficiada en otras parcelas".