El Tribunal de Cuentas ha detectado múltiples incidencias en la ejecución de contratos celebrados por ayuntamientos de Cantabria, Extremadura, La Rioja y Murcia -las cuatro comunidades autónomas que no tienen órgano de control externo- durante el año 2012, tales como "importantes desviaciones temporales no justificadas" e "incrementos de costes".

Según se desprende del informe del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press, los 20 ayuntamientos de Cantabria de más de 5.000 habitantes han notificado a este organismo un total de 117 incidencias en un total de 100 proyectos.

En su informe, el Tribunal de Cuentas detalla las incidencias registradas en seis contratos del Ayuntamiento de Santander, y también en proyectos de obras o contratos de servicios de los ayuntamientos de Polanco, Castro Urdiales, Marina de Cudeyo, Santoña, Colindres, Los Corrales de Buelna, Suances, Piélagos y Astillero.

En Santander, el Tribunal de Cuentas detecta deficiencias en el contrato de obras para la restauración y rehabilitación del Palacio de Riva Herrera de Santander (Pronillo) "para Centro de Enseñanzas Artísticas", que concluyó con un retraso de un año y medio sobre el plazo inicial y un incremento presupuestario del 26,5%.

También en el proyecto del centro de acogida en la Avenida Candina, en el que se autorizó un modificado días antes de la finalización de las obras, en las que hubo una desviación temporal del 62% respecto a la fecha inicial y un incremento presupuestario del 32,2% motivado no sólo por la modificación, sino también por la liquidación, una revisión de precios e intereses de demora por retraso en el pago de certificaciones.

Además, Cuentas señala que el importe final del contrato de obras de accesibilidad en la calle Alceda de Santander fue un 23,55% superior al precio inicial, por un modificado y los intereses de demora por retrasos en el pago de certificaciones. Y que el contrato de parques y jardines de Santander "no se determinó con precisión", lo que derivó en una resolución parcial de mutuo acuerdo que para el Tribunal de Cuentas implica una modificación del objeto del contrato y no una resolución.

Asimismo, cuestiona la modificación del contrato de basuras y limpieza viaria de Santander para la instalación del sistema de recogida automatizada, por un presupuesto de 10,3 millones que se incremento un 9,3% en la liquidación final.

El Tribunal de Cuentas también censura que el Ayuntamiento de Santander no resolviera el contrato de servicios postales a pesar de mantener que el adjudicatario lo incumplía. Reproche que hace extensivo al Ayuntamiento de Astillero por consentir "prórrogas tácitas" del contrato de parques y jardines durante dos años y medio pese a que el adjudicatario incumplía parte de sus obligaciones.

El Tribunal de Cuentas señala por otro lado las obras del pabellón polideportivo de Requejada (Polanco), cuyo contrato se resolvió y se encomendó a Tragsa; las obras de saneamiento de Allendelagua Fase I (Castro Urdiales), cuya modificación del contrato y el proyecto complementario supusieron un incremento del precio primitivo del 51,7%, retrasando la recepción de las obras en 13 meses -433% del plazo inicialmente previsto-.

A ello se une la modificación de los contratos de la casa club de La Junquera y centro de interpretación de golf 'Severiano Ballesteros' en Pedreña (Marina de Cudeyo); y la tercera fase del proyecto de adecuación del Palacio de Manzanedo de Santoña como Casa Consistorial

El Tribunal de Cuentas también detecta incidencias en proyectos complementarios como el de las obras de recuperación de la Travesía La Mar en Colindres, que se ejecutó en nueve días cuando el plazo de ejecución era de un mes y medio, e incrementó el precio inicial un 38%, "porcentaje muy próximo a la baja económica que había ofertado la empresa adjudicataria".

O en las obras de ampliación, reordenación y mejora del área de tenis-pádel contratadas por el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, en el que se acordó la incautación de la garantía definitiva para reparar las deficiencias detectadas un año después de la recepción de las obras.

En el apartado de contratos de servicios, el Tribunal de Cuentas detecta deficiencias en el proceder del Ayuntamiento de Suances, por formalizar un nuevo contrato para la gestión del Centro de Día 'La Ontanía' sin previamente haber resuelto el anterior, celebrado con un contratista que se había negado a prestar el servicio al estimar que se estaba generando un desequilibrio patrimonial por falta de usuarios, y al que "no consta" que el Consistorio "exigiera responsabilidad alguna".

Por su parte, el Ayuntamiento de Piélagos contrató a seis educadoras infantiles para las aulas de dos años de tres colegios públicos cuando la Consejería de Educación sólo concedió subvención para dos colegios, por lo que se vio obligado a modificar el contrato y reducir a cuatro el número de educadoras. El Tribunal de Cuentas señala que el Ayuntamiento "inició el expediente de contratación antes de conocer el número de educadores que efectivamente debía contratar".

CONCLUSIONES

Según el citado informe, muchas de las incidencias producidas en la ejecución de los contratos se debieron a las "deficiencias" que se produjeron durante la preparación de los expedientes contractuales, que podían haber sido previstas con anticipación.

Asimismo, señalan que las causas "generales" de la extinción de contratos han sido los incumplimientos de los plazos de ejecución, la falta de financiación y recursos económicos por parte de las entidades locales o de los contratistas, así como las irregularidades surgidas en las fases de preparación, anteriormente mencionadas.

Además, en muchos de los casos en los que los contratistas han sido los responsables, no consta que se haya realizado por parte de la Administración una valoración de los perjuicios causados ni el "posterior resarcimiento de los mismos". Por el contrario, en los casos en los que la responsabilidad ha sido de la Administración, ésta sí se ha visto obligada a indemnizar al contratista.

En cuanto a la modificación de contratos, el Tribunal de Cuentas ha detectado, por ejemplo, que en los contratos iniciales no se detallaban las condiciones para llevar a cabo cambios posteriores, muchos de los cuales derivaron en desviaciones del precio inicial e importantes retrasos.

También se han detectado "importantes desviaciones temporales no justificadas, con el consiguiente retraso en la entrega del servicio público, llegando en algún caso a alcanzar hasta el 433 o el 480% con respecto al plazo inicialmente previsto". Además, muchas de estas demoras no estuvieron amparadas en la concesión de prórrogas.

RECOMENDACIONES

Por todo ello, el organismo fiscalizador recomienda a las entidades locales de estas regiones que tramiten con "mayor rigor" las fases de preparación y adjudicación de los contratos, para que no se produzcan modificaciones que implican "demoras e importantes incrementos de costes".

También pide que adopten las medidas necesarias para establecer un mayor control en la ejecución de los contratos para garantizar el cumplimiento de los plazos, y que utilicen los mecanismos previstos en la normativa para exigir responsabilidades a los contratistas si procede.

Asimismo, les insta a que sean más eficientes en la gestión del gasto derivado de la contratación, para evitar que el incumplimiento de las condiciones y los plazos en el pago a los contratistas de lugar a intereses de demora, "con el consiguiente perjuicio para los fondos públicos municipales".