La ministra de Empleo, Fátima Báñez, confía en que la dirección de Coca-Cola Iberian Partners y los sindicatos UGT y CC.OO. que están en su comité de empresa utilicen "todas las medidas de flexibilidad interna" que están a su disposición para no tener que seguir adelante con el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a más de 1.250 trabajadores y provocaría el cierre de cuatro plantas embotelladoras. "Espero que la negociación termine en acuerdo", ha añadido.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, el presidente de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Cayo Lara, ha preguntado a la ministra sobre este asunto, emplazándola a tomar cartas en el asunto para evitar los más de 700 despidos y 500 recolocaciones "forzosas" previstos en una empresa que tiene beneficios.

En su respuesta, Báñez ha asegurado que "el Gobierno trabaja, trabajará y seguirá trabajando por el empleo, que es el gran objetivo del país", y ha reconocido que "confía en la responsabilidad de la empresa y de los representantes de los trabajadores, que están iniciando el periodo de negociación".

"Esperamos que utilicen todas las medidas de flexibilidad interna y busquen alternativas al ajuste que no sea vía despidos. Eso es lo que espera el Gobierno. Se lo resumiré en tres palabras: responsabilidad de los negociadores, flexibilidad a la hora de tomar decisiones y respeto a una negociación que espero que termine en acuerdo", ha apostillado.

Dos caras de la misma moneda

En su réplica, Lara ha espetado a la ministra que "el Gobierno no está para confiar en la responsabilidad de empresas que, pese a tener beneficios, despiden, sino para defender a los trabajadores despedidos en un país con 6 millones de parados" y le ha recordado que "o se está con los trabajadores o con el ansia de más beneficios de una empresa" que consigue 860 millones de beneficios de explotación anuales". "Y ahora quieren ahorrarse algunas decenas de millones más cada año despidiendo. Es un delito social", ha criticado.

Por eso, ha urgido a la ministra a "intervenir" en este caso "con la misma celeridad" con la que se medió en el conflicto de Sacyr con la Autoridad del Canal de Panamá. "Paralice este ERE, tiene competencias y razones legales", ha insistido el diputado, recordando que la reforma laboral permite la intervención del Ministerio de Empleo en caso de irregularidades en la tramitación del ERE, cosa que a su juicio sucede en este caso porque "Coca-Cola Iberia no consolida como grupo".

"Sabemos que el bufete de abogados que asesora a Coca-Cola, bien conocido por algún compañero de bancada, es el mismo que asesoró sobre la reforma laboral. Pero toca optar entre las razones de una empresa que quiere más beneficios y las razones de los trabajadores que quieren mantener su puesto de trabajo para dar de comer a sus familias", ha añadido Lara, en referencia a la asesoría que fundó el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de la que ya está desvinculado.

El gobierno,

Donde tiene que estar

"El Gobierno está donde tiene que estar: con el empleo, con las empresas y los trabajadores. Son las dos caras de la misma moneda. El Gobierno está donde tiene que estar y va a hacer como autoridad laboral lo que la ley le permite: velar por la efectividad del periodo de consultas y que se produzcan las cosas conforme a derecho. Y también mediar para acercar posiciones y conseguir soluciones no traumáticas para la empresa y los trabajadores. Ése es nuestro cometido", ha replicado Báñez.

Además, ha pedido al líder de la Izquierda Plural que "deje de hacer demagogia y evite frivolizar en un tema tan serio" y ha rechazado que Lara o los diputados de IU puedan darle "lecciones de empleo" porque mientras en el Congreso "dicen una cosa" en Andalucía, donde gobierna con el PSOE, "despiden a trabajadores públicos con 20 días o hacen contratos por días u horas en el Servicio de Salud". "Un poquito de responsabilidad", ha apostillado.

Lara ha cargado también contra las últimas reformas laborales, que "han abierto la puerta a la mayor destrucción de empleo de toda la Democracia" y ha recordado que desde que se aprobó la normativa laboral del PP (que este miércoles cumple dos años) "ya van 800.000 despedidos".

A este respecto, Báñez le ha exigido que "diga la verdad" porque antes de la reforma laboral 'popular' se produjeron 4 millones de despidos —"de los que un millón fueron a 20 días"— y se produjeron EREs en empresas con beneficios "que conocía toda la sociedad". Con su normativa también ha habido expedientes de regulación de empleo "apoyados por los sindicatos" en compañías con las cuentas en positivos, e incluso "el año pasado organizaciones sindicales con beneficios hicieron EREs a sus trabajadores", ha recordado.

"Un poco de seriedad y un poquito de responsabilidad en esta cuestión. Menos demagogia y más soluciones", ha zanjado la titular de Empleo.