Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia han denunciado este lunes que la nulidad por abusivas de determinadas cláusulas del servicio público de alquiler de bicicletas 'Valenbisi' confirma las denuncias que habían realizado en este sentido.

El portavoz de Compromís, Joan Ribó, ha exigido la modificación "inmediata" de las cláusulas "abusivas" que un juzgado ha declarado sobre el servicio, mientras que EUPV ha reclamado que pase a ser gestionado "directamente" por el consistorio como "la forma más eficaz" para impedir estos "abusos" y PSPV pide solicitar a la empresa la inclusión en el sistema arbitral de consumo.

Ribó ha lamentado en un comunicado que el equipo de gobierno dirigido por la alcaldesa, Rita Barberá, "no haya actuado preventivamente para amparar los derechos de los usuarios prefiriendo hacer de escudo de la empresa concesionaria JCDecaux, ya que así se podría haber evitado el actual varapalo judicial, uno más en el historial de condenas padecida por este gobierno".

Compromís ha recordado que ya en abril de 2013 instó al gobierno municipal a obligar a la concesionaria a la modificación de las cláusulas que han sido declaradas nulas por la justicia al considerarlas "abusivas". para Ribó, la condena "se veía venir, había sobrados elementos que hacían pensar que los tribunales darían la razón a la demandante" y aunque sostiene que el daño "ya está hecho", considera que Barberá debería obligar a la concesionaria a modificar "de inmediato" estos puntos.

A su juicio, además se debería poner en marcha una ventanilla "para agilizar la presentación de las previsibles reclamaciones de otros usuarios víctimas de las cláusulas abusivas, sin esperar a las condenas judiciales".

Por su parte, el portavoz de EUPV, Amadeu Sanchis, se ha congratulado de la resolución judicial aunque ha lamentado que "hayan sido los tribunales quienes hayan dicho la última palabra con respecto a este tema mientras que el Ayuntamiento ha continuado en su postura de inmovilismo a la hora de obligar a la empresa que gestiona este servicio a retirar" las cláusulas cuestionadas.

"gran varapalo"

El concejal de la formación de izquierdas, que califica de "gran varapalo" la decisión judicial, ha manifestado que desde un principio, su grupo ha apuntado que al ser una empresa privada su gestión "iría dirigida más a velar por sus propios beneficios que por los del servicio y eso, precisamente, es lo que está pasando".

Por ello, ha anunciado que seguirá proponiendo que el servicio "pase a ser público para garantizar un mejor uso además de mejores precios, así como una mayor coordinación del mismo con el resto de transporte público del área metropolitana".

Por su parte, desde el PSPV se ha apuntado que la decisión del juez "viene a corroborar las denuncias realizadas en las que afirmaba que se trataba de un concurso hecho a medida del adjudicatario definitivo, J.C Decaux". El edil Vicent Sarrià ha subrayado que en la Junta de Gobierno Local celebrada el 20 de enero de 2006 se aprobó dirigirse directa y exclusivamente a Mobiliario Urbano SA, filial de JC Decaux, para que presentara una oferta para el servicio de alquiler de bicicletas y los servicios jurídicos municipales consideraron que la pretensión "no se ajustaba a derecho y desaconsejaron recurrir al Consell Jurídic Consultiu para evitar nuevas dilaciones".

Sin embargo, según ha dicho, "el equipo de gobierno solicitó un estudio al órgano consultivo, que recomendó la convocatoria de un concurso y dio al traste con sus pretensiones iniciales". Según Sarrià, "la intención del equipo de gobierno de concedérselo a dicha empresa siguió presente en la redacción del pliego, con cláusulas que sólo puede cumplir la misma".

Además, "al ligar el servicio de alquiler de bicicletas al de la explotación publicitaria del mobiliario urbano y establecer que el primero se financiara con los beneficios del segundo (cuya concesión vigente no expira hasta 2014), sólo permitió que Decaux pudiera prestar el servicio, al ser la concesionaria del de la publicidad".

A su juicio, "si esta falta de libre concurrencia en la adjudicación del servicio ha perjudicado los intereses de los valencianos por abusiva, no menos lo ha sido la aplicación de alguna de las cláusulas", según la sentencia. Para Sarrià, el Ayuntamiento "debería solicitar a Valenbisi la inclusión en el sistema arbitral de consumo del servicio público de alquiler de bicicletas, para que el usuario se encontrara más protegido ante la actual indefensión frente a practicas abusivas".