El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha imputado al que fuera vicepresidente de la Diputación Provincial en el anterior mandato, Julio Bernardo (IU), y a la actual portavoz y diputada de esta formación en la institución, María Asunción Pérez Cotarelo, en una supuesta trama de expedientes y contrataciones irregulares en el marco de un proyecto financiado con fondos europeos.

El caso fue planteado inicialmente por el actual equipo de gobierno de la Diputación de Granada (PP), personada como acusación particular, como una ampliación de denuncia del denominado 'caso Mercamed', que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, que sin embargo no aceptó que se incorporara a la causa abierta, en la que están imputados 14 personas, entre ellas el propio Julio Bernardo.

Así, la nueva investigación fue abierta por el Juzgado de Instrucción 8 de Granada, que ha imputado ya, en este otro caso, a un total de 11 personas, seis de ellas empresarios, entre las que se encuentran, además de Cotarelo y Bernardo, un cargo de confianza de IU, una técnico y una funcionaria (estos cuatro últimos también imputados en Mercamed) por los posibles delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental.

Según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, Bernardo, Cotarelo y una tercera imputada declararán desde las 10,30 horas en el Juzgado el próximo 4 de marzo, y otros dos lo harán el día 5 de marzo, también a la misma hora.

Por exhorto, ya tuvieron que comparecer los seis empresarios acusados, si bien se acogieron entonces a su derecho a no declarar, por supuestas irregularidades en el llamado proyecto Magrec, enmarcado en el programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores Poctefex, del que también depende el proyecto Mercamed.

El presupuesto de Magrec fue de unos 898.000 euros, de los que 67.000 se debían haber destinado a inversiones en Marruecos, aunque la Diputación aportó finalmente cerca de 210.000 euros, para expedientes aprobados sin el correspondiente trámite administrativo.

Así lo ha señalado en rueda de prensa la diputada provincial de Empleo y Desarrollo, María Merinda Sábada (PP), quien ha acusado a Cotarelo, entonces máxima responsable del área de Cultura en la Diputación, de haber presuntamente participado en una trama que implicó la elaboración de presupuestos falsos para "intentar beneficiar a personas cercanas" o de aprobar expedientes sin pasar por pleno o saltándose el procedimiento administrativo preceptivo.

Por su parte, el portavoz provincial del equipo de gobierno en la Diputación, José Torrente, ha recordado que fue la Diputación la que denunció ambos casos (Mercamed y Magrec) "no por revanchismo político", sino por "transparencia", y ha exigido responsabilidades a los que participaron en estas posibles irregularidades.

Ha reclamado al coordinador provincial de IU, Manuel Morales, que se pronuncie al respecto, y le ha reprochado que redujera lo ocurrido a un "error administrativo" cuando entre las dos causas que investigan los juzgados hay más de 20 personas imputadas.

También ha pedido explicaciones a la secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, ya que su partido político cogobernaba en la Diputación con unos cargos que están ahora imputados.

"Montaban todo con los amigos propios para dar una apariencia de legalidad a algo que no dejaba de ser un chanchullo", ha dicho Torrente, quien ha destacado que el objetivo de la Diputación en este caso es que se aclare el destino de "todo lo defraudado" y que se devuelva "hasta el último euro".