El vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ha asegurado que la Comunidad reclamó este jueves a la concesionaria del aeropuerto de Corvera, Aeromur, el pago de los 200 millones de euros que debe a la Administración autonómica porque "está obligada a hacerlo" por ley, al igual que procede con el resto de contribuyentes.

En este sentido, Bernal ha señalado que esta reclamación no es "un obstáculo" para las negociaciones que el Ejecutivo lleva adelante con Aeromur. Según el consejero de Presidencia, Manuel Campos, la Comunidad mantiene septiembre como fecha de apertura del aeropuerto, siempre que la Comisión Europea dé el visto bueno al préstamo participativo que se ha solicitado estudiar.

Bernal ha señalado que la estrategia que ha emprendido el Gobierno regional "es absolutamente compatible con el hecho de que una deuda tributaria tiene que ser reclamada", ya que "no existe ninguna otra posibilidad", y "no puede haber contribuyentes de primera y de segunda categoría".

Bernal ha asegurado que el Gobierno actuó de forma "coordinada" y que, de hecho, este mismo jueves por la mañana, varios miembros del Ejecutivo celebraron una reunión para estudiar la estrategia a seguir, según ha hecho saber Bernal en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha comparecido junto al consejero de Presidencia, Manuel Campos, y el portavoz de la Administración regional, José Ballesta.

El vicepresidente ha explicado que la orden se dio este jueves "ante una petición de Aeromur de suspensión del procedimiento del cobro de la deuda y que fuera sin garantías". La Consejería de Economía y Hacienda, una vez estudiada la petición, llegó a la conclusión de que la normativa "no permite de ninguna forma esta posibilidad".

En concreto, el Gobierno regional accede a la suspensión de la deuda, pero "condicionada a que se presente una garantía", tal y como establece la normativa y estatal. Por tanto, ha insistido en que la decisión tomada por el Ejecutivo "era la única posible" y, por tanto, "no hubo más remedio que tomarla".

En cualquier caso, ha remarcado que la decisión se tomó en un contexto de "absoluta coordinación por parte del Gobierno regional" y de la "estrategia jurídica que se está llevando a cabo", y ha afirmado que la parte jurídica que coordina el consejero de Presidencia "tenía conocimiento" de la misma.