La Junta de Andalucía propondrá al Ministerio del Interior posibles vías para garantizar que los reclusos enfermos de hepatitis C puedan acceder al tratamiento que necesitan, según ha explicado la consejera de Salud andaluza, María José Sánchez Rubio, este miércoles durante una comparecencia en el Parlamento.

Sánchez Rubio ha señalado que es "importante" buscar una solución para esos enfermos y ha señalado que ha remitido una carta al ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz, para resolver los problemas de acceso al medicamento que tiene la población reclusa, después de que el Ministerio estableciera cupos en las cárceles y decidiera que el fármaco se administra solo con ingreso en la Unidad Penitenciaria del Gregorio Marañón de Madrid.

"Hay que garantizar que todos los internos reciban el tratamiento que necesitan y hay que hacerlo con responsabilidad y también con la sensibilidad" hacia un colectivo que en su inmensa mayoría no puede asumir el coste económico del tratamiento, ha explicado la consejera.

Además, Sánchez Rubio considera que éste es un buen momento para llegar a un acuerdo con el Ministerio sobre ese tratamiento ya que la Junta está "en plena negociación" para la renovación del convenio que regula la asistencia sanitaria a la población reclusa y determina qué tareas asume la Junta y cuáles el Gobierno central.

"Nos hemos puesto a disposición para colaborar, respetando el marco competencial y los convenios", ha señalado la responsable andaluza indicando que estos tratamientos se podrían incluir en el nuevo convenio para, como se ha hecho con otras tareas, cumplir "si problemas y de forma satisfactoria" con la administración de los fármacos.

Por su parte, el portavoz de IU Manuel Baena ha subrayado que el internamiento en un centro penitenciario "no tiene por qué implicar más perdida de derechos que la libertad, nunca la atención sanitaria" y ha mantenido que con las dificultades para administrar los tratamientos de hepatitis C, Instituciones Penitenciarias está "condenando a muerte a un sector de la población andaluza", mientras que la comunidad autónoma "tiene que velar por sus ciudadanos y llevar a los tribunales esa situación" o ese "cuello de botella" que se forma en el acceso y que disuade a los internos de pedir a los tratamientos.

Aprovechando la negociación del convenio, Baena ha pedido que se exija lo que "no se cumple" del actual, como la asistencia especialista ambulatoria para estos internos; y ha reclamado que se realice estudio epidemiológico sobre la repercusión de esas enfermedades en las prisiones así como de la incidencia que la puesta en libertad sin tratamiento de los presos puede tener en la población sana andaluza de fuera de las cárceles.