Antonio del Castillo, padre de la joven sevillana por cuya muerte fue condenado a 21 años y tres meses de cárcel Miguel Carcaño, participará en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados al objeto de exponer su opinión e ideas sobre el proyecto de ley destinado a reformar el Código Penal, según ha manifestado a Europa Press el propio Antonio del Castillo. La muerte de Marta del Castillo constituye el crimen de mayor impacto social vivido en los últimos años en Sevilla, un caso cuyo eco ha sonado incluso en el extranjero.

Según Antonio del Castillo, fue el propio portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, quien le telefoneó este pasado lunes para pedirle que tome parte en el debate correspondiente a la reforma del Código Penal. Recordando que tal extremo fue una de las reivindicaciones defendidas por la familia de Marta del Castillo durante el procedimiento judicial y también tras la resolución del mismo, saldado con la absolución de Samuel Benítez, el hermano de Miguel Carcaño y la pareja de este último, Antonio del Castillo ha manifestado que "cuando se lucha por algo, hay que defenderlo", con lo que ha aceptado la petición de Alfonso Alonso.

"Es lo más lógico. Ahora tengo que preparar mi intervención, porque no voy a ir a la aventura al Congreso", ha dicho Antonio del Castillo, quien ahora espera conocer la fecha concreta de su intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Entre otras cosas, el proyecto de ley de reforma del Código Penal contempla la pena de prisión permanente revisable en casos de excepcional gravedad, como homicidios terroristas, los cometidos contra el Rey o el Príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros, así como en casos de genocidio y los crímenes de lesa humanidad con homicidio.

Se reservará también esta figura a asesinatos especialmente graves, como aquellos en los que la víctima sea menor de 16 años o una persona especialmente vulnerable; cuando se cometa tras un delito contra la libertad sexual; en los asesinatos múltiples o en aquellos cometidos por miembros de un grupo criminal.

El texto también amplía la libertad vigilada, que hasta ahora sólo se decretaba en delitos sexuales teniendo en cuenta la peligrosidad y el riesgo de reincidencia futura. Esta medida de seguridad tendrá una duración mínima de tres a cinco años, aunque podrá ser prorrogada en algunos casos y será revisada periódicamente por el juez.

Entre otras novedades, el proyecto establece que los tribunales españoles puedan perseguir a los clientes de prostitución infantil también en el extranjero, cuando se trate de ciudadanos españoles o residentes.

Delitos contra la piratería y el acoso

La reforma aumenta de 13 a 16 años la edad de consentimiento sexual, incluye nuevas penas por la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima o por actos reiterados de acecho u hostigamiento mediante llamadas telefónicas o seguimientos continuos.

También tipifica como delito el matrimonio forzado y la inutilización de los dispositivos electrónicos utilizados en el control del cumplimiento de la pena o aumenta el reproche para la comisión de incendios graves, sobre todo si afectan a zonas protegidas.

El Gobierno también ha puesto el acento en la lucha contra la piratería al contemplar una pena de hasta seis años de prisión para las conductas más graves cometidas por los responsables de webs de enlaces, que hasta ahora no eran castigadas.

Medidas contra la corrupción

Por otra parte, se agrava el atentado contra la autoridad, aunque no se equipara a la resistencia pasiva, cuya pena se rebaja. Mientras que se castiga la firma de contratos de servicios no útiles, la celebración de aquellos que no tengan contraprestación o los firmados a un precio desorbitado con perjuicio para las arcas públicas.

El proyecto de reforma del Código Penal también permitirá sancionar con un año de cárcel o multa al representante legal o administrador de un partido político que no adopte medidas de vigilancia o control para evitar la comisión de delitos en su entramado.

La propuesta contempla una pena de tres meses a un año de prisión o multa de doce a 24 meses e inhabilitación especial desde seis a dos años para el representante legal o administrador de "hecho o de derecho" de "cualquier" persona jurídica, empresa o entidad que no actúe con la diligencia debida para evitar estas actividades delictivas.

El paquete integral de medidas contra la corrupción está siendo llevado directamente por Presidencia, de ahí que el nuevo tipo de financiación ilegal de partidos políticos no haya sido incluido en el proyecto de ley aprobado el pasado 20 de septiembre en Consejo de Ministros.