El Ayuntamiento de Jaén ha registrado este lunes una propuesta para un convenio nuevo con la Junta de Andalucía sobre la dependencia, de la que está desvinculada desde el 3 de diciembre ante los "impagos" de la Administración autonómica. Ahora, para retomar esa colaboración, le plantea que el abono de la prestación se realice en 60 días y, si no cumple, el devengo de intereses de demora desde la jornada siguiente. Además, crearía una cuenta restringida para que estos fondos fuesen a parar "directamente" a la empresa adjudicataria.

Así lo ha explicado a los periodistas el alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), quien, acompañado de los concejales de Hacienda y Comunicación, Miguel Contreras, y de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, ha insistido en que se trata de una "competencia exclusiva" de la Junta en la que la participación municipal está "delimitada por ley" con la recepción de documentación y la elaboración del expediente y del Programa Individualizado de Atención (PIA).

La gestión, financiación y pago corresponde al Ejecutivo autonómico, algo que la nueva ley de la Administración Local "deja todavía más claro", y por ello "convenia" con otras instituciones. En este sentido y ante la "pasividad" de la Junta, que dos meses de después de vencer el convenio por su denuncia "no ha enviado ni una sola propuesta al Ayuntamiento", éste registra la suya.

Se resume, según ha explicado el edil de Hacienda, en dos cuestiones fundamentales. La primera, el compromiso municipal de "abrir una cuenta restringida" en la que se ingresen las partidas y desde la cual sólo se puedan efectuar pagos a la adjudicataria del servicio, evitando así el "inconveniente de la caja única" con posibles desvíos para responder a otras obligaciones como nóminas o proveedores.

En segundo lugar, reclaman que el abono por parte de la Junta se produzca en 60 días, algo que no es "extraordinario", porque ella misma "se había comprometido" en una reunión a finales de noviembre. "Pero queremos que exista por escrito", ha dicho Contreras, quien ha agragedo que en caso de incumplir ese plazo, "a partir del día 61, se empezarían a devengar intereses de demora". Con ello, se haría frente a los costes financieros que para el Ayuntamiento o la empresa podría suponer acudir a una entidad para que "adelante el dinero que no ha llegado".

GARANTÍAS

Así las cosas, ha destacado que el Consistorio "está abierto al diálogo y a que haya un nuevo convenio", pero con esas "garantías" por ambas partes. Al hilo, tanto el concejal como Fernández de Moya han señalado que es la Junta la que ahora debe "demostrar que de verdad está dispuesta a garantizar" la Dependencia. Y es que,. según ha recalcado este último, "es problema" suyo, en tanto la denuncia del convenio se hizo el pasado 1 de octubre, respetando el "preaviso de dos meses" para que poder "armar" su prestación, cuyos detalles a día de hoy sigue sin estar claros.

Ejemplo de ello es que "el Ayuntamiento ha recibido la factura" por servicios prestados después del 3 de diciembre por parte la adjudicataria, Multiservicios Jabalcuz. Contreras ha comentado que tendrán que analizar qué hacen con ella y a quién le reclaman "el importe" o derivan "la responsabilidad del pago". Y es que, el Consistorio avisó de que no se harían cargo de ingresos por actividad posterior al vencimiento del convenio. "Hay quien dijo que tenía un plan B. Pero no conocemos ni el plan A ni el B ni el C. Sólo los impagos reiterados de la Junta y su falta de compromiso", ha lamentado el edil, quien ha cifrado en alrededor de 700.000 euros los pagos todavía pendientes por servicios anteriores.

Procedimiento judicial

En esta línea, Fernández de Moya ha subrayado que la denuncia del convenio "es la columna vertebral" en este conflicto y se realizó "en tiempo y forma". Al respecto, ha considerado que el Gobierno andaluz "esa parte ya judicialmente la ha perdido porque no ha impugnado el acto administrativo que emanaba" de ella, dando, en su opinión, "la razón al Ayuntamiento".

"Ni siquiera lo hace en la demanda", ha indicado el alcalde en alusión al procedimiento iniciado por la Administración autonómica y en el marco del cual el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Jaén ha solicitado al Consistorio "documentación" para argumentar su postura dando un plazo de cinco días que termina este martes. "En ningún momento la justicia ha resuelto que el Ayuntamiento tenga la obligación de prestar el servicio", ha recalcado, a su vez, el concejal.

Fernández de Moya ha "supervisado la contestación de oposición a las medidas que plantea la Junta de Andalucía" articulada en "19 folios extraordinariamente documentados". "Una vez que el juzgado proceda a la admisión o no respecto a las medidas cautelares, nos veremos en los tribunales y será muy sano para aclarar las distintas competencias", ha apostillado.

De este modo, serán estos los que se pronuncien en lo que ha vaticinado como "procedimiento litigioso largo", puesto que la Administración que dirige irá "a todas las instancias judiciales que concede el ordenamiento jurídico para defender" su posición con respecto a la Dependencia, que, una vez más, ha insistido en no confundir con la ayuda a domicilio municipal.