La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Cáceres ha decidido este viernes remitir a la Asamblea de Extremadura la petición del grupo municipal de Izquierda Unida (IU) sobre la apertura de una comisión especial para que se investigue la gestión del extinguido Consorcio Cáceres 2016.

El portavoz municipal, Valentín Pacheco, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal, que tras la petición de IU para que se abriera en el consistorio esa comisión, se solicitó un informe a la Secretaría General que ha determinado que el Reglamento de Organización Municipal (ROM) contempla la posibilidad de iniciar ese trámite pero no determina las competencias de dicho órgano ni la potestad para llamar a declarar a las personas implicadas.

Según ha indicado Pacheco, se podría dar la circunstancia de que el consistorio abriera esa comisión de investigación pero que después "no tuviera capacidad para llamar a nadie a ir a declarar" ni tampoco "para poder sancionar o multar", según las conclusiones a las que se llegara. "Podríamos crear una comisión de investigación que no sirviera para nada", ha incidido.

Además, ese informe técnico concluye que "correspondía a la Junta de Extremadura la fiscalización, la gestión y el control del gasto del consorcio Cáceres 2016", ha dicho Pacheco, por lo que se ha decidido remitir la petición a la Asamblea de Extremadura que "sí tiene capacidad para obligar a comparecer a personas y también puede sancionar".

Comunicación a iu

La decisión del Ayuntamiento de Cáceres se va a comunicar también al grupo municipal de IU para que éste a su vez informe a su grupo parlamentario regional "por si también consideran oportuno instar a que se constituya la comisión de investigación", ha recalcado Pacheco.

Cabe recordar que IU solicitó esta petición ante el consistorio cacereño tras la emisión de un informe por parte del Tribunal de Cuentas, también a instancias de IU, en el que se concluía que el Consorcio Cáceres 2016 "no tenía entre sus objetivos el de realizar obras en la ciudad" y "se utilizó por el anterior gobierno para saltarse los controles de los servicios municipales de urbanismo, que podrían haber puesto pegas al megalómano proyecto de reforma de la Plaza Mayor", según informó IU en su día.

El informe del Tribunal de Cuentas determina también que las obras de remodelación de la plaza cacereña, que se llevaron a cabo en la anterior legislatura con cargo a las arcas del consorcio, "se realizaron sin una encomienda de la corporación municipal al consorcio" y además "tampoco se contaba con la preceptiva licencia municipal".

Todas estas circunstancias serán ahora investigadas en el caso de que la Asamblea de Extremadura atienda la petición del consistorio cacereño de constituir esa comisión especial que determine la gestión y el control del gasto del citado órgano consorciado.

Cabe recordar que las obras de reforma de la Plaza Mayor, se enmarcaron en el Proyecto Intramuros promovido por el Consorcio Cáceres 2016. Comenzaron a finales de 2009 y fueron realizadas por la empresa Placonsa SA, que resultó adjudicataria del proyecto con un presupuesto de licitación de 4.033.800 euros.