El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), celebrará el viernes de esta semana un pleno extraordinario para debatir y someter a votación la decisión de delegar en la Diputación provincial la gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos, así como la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y la recaudación de multas. En concreto, el pleno comenzará a las 09,00 horas, según la convocatoria recogida por Europa Press.

Hablamos de la decisión del Gobierno socialista de Alcalá de Guadaíra, liderado por Antonio Gutiérrez Limones, de conveniar con el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) de la Diputación la recaudación ejecutiva y voluntaria de los impuestos municipales. Hasta hace poco, esa labor recaía en la sociedad 'Coordinadora de Gestión de Ingresos' (CGI), adjudicataria en 2008 de un contrato promovido por el Ayuntamiento para contratar la "prestación de servicios complementarios al funcionamiento de los órganos municipales de gestión, inspección y recaudación" de impuestos.

Como antesala del desembarco del Opaef en las labores de cobro y gestión de tributos del Ayuntamiento alcalareño, los 20 trabajadores de CGI que realizaban este servicio para el Consistorio en la oficina bautizada como Agencia de Recaudación Municipal de Alcalá de Guadaíra (ARCA), fueron despedidos el pasado 31 de diciembre de 2013 con indemnizaciones de 20 días de sueldo por año de servicio, las mínimas estipuladas por la legislación laboral. Un total de 15 de estos empleados, según las fuentes consultadas por Europa Press, han impugnado sus despidos y han demandado al Ayuntamiento por "cesión ilegal" de trabajadores.

Sobre este último aspecto, es necesario recordar que hace pocos meses, el juzgado de lo Social número tres de Sevilla condenó al Ayuntamiento de Alcalá y a CGI al detectar una "cesión ilegal" de trabajadores de dicha empresa "a favor" de la administración local.

Sentencia condenatoria

La sentencia, recogida por Europa Press, exponía los casos de dos trabajadores de 'Coordinadora de Gestión de Ingresos que formaban parte de una oficina conocida como ARCA, integrada entonces por dos funcionarios del Ayuntamiento, cuatro trabajadores contratados por el mismo y "varios más contratados formalmente por CGI".

Las demandas de estos trabajadores, así, se dirigían contra la "cesión ilegal de trabajadores de CGI a favor del Ayuntamiento", dado que el "jefe" de la oficina era un "funcionario municipal" y todos los trabajadores de este centro de trabajo, ya fuesen empleados de CGI o trabajadores públicos, compartían horarios y condiciones laborales y estaban sujetos a la dirección de un funcionario. El local de ARCA y los recursos de la oficina, usados "indistintamente" por los trabajadores de CGI, los trabajadores municipales y los funcionarios, pasarían además a manos del Consistorio una vez finalizado el contrato entre la empresa y la administración local, según la sentencia.

"En nuestro ordenamiento laboral, sólo se admite la cesión de trabajadores realizada a través de empresas de trabajo temporal", señalaba esta sentencia, que declaraba la "existencia de cesión ilegal de trabajadores de CGI en favor del Ayuntamiento", declarando el derecho de los demandantes, ambos trabajadores de CGI, a "integrarse como personal fijo" en la citada empresa o como "personal indefinido-no fijo del Ayuntamiento". La sentencia, no obstante, era susceptible de recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).