CyL compromete 92,5 millones en un Plan de Estímulos para el Empleo, con 54,2 para la ocupación urgente de desempleados

Junta y agentes firmarán en primavera el Marco de Competitividad Empresarial para adaptar a CyL a nuevos sistemas productivos
Firma de los acuerdos en materia de empleo
Firma de los acuerdos en materia de empleo
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Firma de los acuerdos en materia de empleo

La comunidad autónoma de Castilla y León ha comprometido un total de 92,5 millones de euros de fondos "autónomos y propios" para el Plan de Estímulos al Crecimiento Económico y al Empleo para 2014 acordado este miércoles en el seno del Consejo del Diálogo Social y que destina 54,2 millones de euros para hacer frente a la "prioridad urgente" de lograr la mayor ocupación posible para los desempleados.

Esta es la principal medida del Plan de Estímulos al Crecimiento Económico y al Empleo que, por acuerdo de las partes, destinará el 60 por ciento de los fondos de forma exclusiva a la contratación de desempleados a través de un plan de empleo local, prácticas no laborales y distintas acciones destinadas a facilitar la contratación de personas sin empleo tanto en el ámbito público como en el privado.

Según ha detallado el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, la prioridad serán las acciones dirigidas a los menores de 30 años por su elevada tasa de paro y a los mayores de 45 años, además de los discapacitados y los parados de larga duración o afectados por el fin de las prestaciones o perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Además, a través de este Plan se destinan 11,4 millones de euros al mantenimiento de puestos de trabajo con el objetivo de conservar el empleo en activo en estos momentos e incentivar la contratación indefinida.

Este dinero se distribuirá en los programas que mantienen la figura de los expedientes de regulación de empleo suspensivos frente a los de extinción, una medida puesta en marcha en Castilla y León hace entre 4 y 5 años y que ha permitido reducir en un 15 por ciento los ERE extintivos a lo que se suma que el 96 por ciento de los ERE suspensivos acabó con acuerdo entre empresa y trabajadores, lo que ha mermado los procesos judiciales y ha contribuido a un mejor clima social.

Por su parte, se destinarán 7,7 millones de euros para los trabajadores que necesitan una mejora en su cualificación o una reorientación de sus capacidades para su formación mientras que se han reservado otros 5 millones para fomentar el empleo seguro y de calidad y 3,7 millones para distintas líneas de conciliación entre otras medidas de calidad en el empleo.

Los últimos 10 millones de euros serán para acciones de integración laboral para colectivos específicos a través del programa de integración y empleo (PIE), que concede 400 millones de euros durante seis meses a los desempleados sin ayudas con un itinerario de orientación, y el apoyo a trabajadores con discapacidad a través de centros especiales de empleo, entre otras.

"Lo podemos y queremos hacer", ha aseverado el presidente de la Junta en la presentación del Plan de Estímulos para el Empleo de 2014 al que hay que sumar las medidas procedentes de los recursos finalistas del Estado (78 millones) y de la Unión Europea, unos 10 millones del Fondo Social Europeo.

Balance de las políticas activas

Herrera ha aprovechado la ocasión para hacer balance de las políticas activas de empleo aplicadas por la Junta en 2013 con más de 45.000 beneficiados en formación y orientación para el empleo o más de 9.500 ciudadanos que se pudieron emplear por periodos de seis meses con la puesta en marcha de incentivos al empleo y al autoempleo, a lo que de dedicaron la mayor parte de los recursos extraordinarios del pasado año.

Además, el PIE, prorrogado en 2013, benefició el pasado año a un total de 3.713 personas.

Tanto Herrera como los agentes económicos y sociales han coincidido al reconocer que este tipo de acuerdos no solucionan por sí mismos las "elevadísimas" y "dramáticas" tasas de paro que tiene Castilla y León (22 por ciento según datos EPA, aunque aún por debajo de la media), si bien han destacado su conveniencia en favor de unas medidas más eficaces.

"Ocho ojos ven mucho más que dos", ha explicado el presidente de la Junta en su defensa también de la cultura del Diálogo Social que reina en Castilla y León desde el año 2001 y que se ha materializado ya en más de 50 acuerdos "con contenidos y compromisos" para ir al fondo de la solución de los problemas con respaldo presupuestario y con dinero público.

Según ha adelantado, está prevista la firma en la próxima primavera del nuevo Marco de Innovación y Competitividad Industrial, "también vital para la Comunidad", en palabras del secretario regional de UGT, Agustín prieto, que ha explicado que aún quedan algunos flecos de la negociación para adaptar a la Comunidad a nuevos sistemas productivos.

"No es por oficio sino por convicción", ha defendido también Herrera, en línea con lo afirmado por Prieto, para quien el Diálogo Social es "una especie a proteger" y "uno de los pocos que quedan en España porque ha sido cercenado".

Del mismo modo se han pronunciado el secretario regional de CC.OO, Ángel Hernández, y el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, quienes también han centrado sus intervenciones en la defensa del proceso de Diálogo Social en Castilla y León, una "santa tradición" según el sindicalista, que ha apelado a la "mano izquierda y a la voluntad política" para trasladar esa práctica al ámbito local en las políticas de empleo, desde el respeto a la autonomía de las entidades locales y provinciales, pero con "cooperación y concertación".

Para Aparicio el diálogo social es un ejemplo a seguir a nivel nacional que, por lo tanto, debe salir adelante. El presidente de la patronal ha aprovechado la ocasión también para significar las medidas pactadas en Castilla y León para incentivar la creación de empleo que, sin embargo, se tienen que complementar con medidas nacionales, donde ha reclamado en concreto una reforma fiscal y una ley de mercado único al mismo tiempo que ha cargado contra el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social que "no benefician en absoluto la creación de empleo".

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