La Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) ha mostrado su rechazo frontal a la medida adoptada por el Gobierno a través del Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre, que supone para las empresas "un importante" aumento de los costes laborales no previstos, al introducir nuevas reglas de cotización respecto de conceptos hasta ahora exentos de la misma (plus de transporte, aportaciones a planes de pensiones, tickets de comida, entre otros).

La citada medida, "que en nada favorecerá a la contratación laboral", según el presidente de Fedeme, Julián Gómez Gotor, ha sido adoptada con manifiesta "nocturnidad", a través de la Disposición Final de un Real Decreto Ley, sin que ésta se haya visto antecedida de la exigible publicidad y el debate necesario que con carácter previo debiera haberse producido antes de la publicación de una norma como ésta, de "tanta trascendencia económica para las empresas".

"Desgraciadamente, este modo de proceder parece consolidar el modelo de actuación que en los últimos tiempos viene sosteniendo el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que niega el diálogo y con él, al menos, la posibilidad de conocer los criterios y propuestas de los agentes sociales". "No se puede pedir diálogo y luego actuar a las espaldas", sostiene Gotor en un comunicado.

Y es que, según cálculos de esta patronal, sólo por lo que respecta al plus de transporte, regulado en el convenio colectivo Siderometalúrgico de Sevilla, la medida adoptada supondrá para las empresas sevillanas que aplican este convenio un coste medio de 340 euros por trabajador y año, de forma que este colectivo ingresará a la Tesorería General de la Seguridad Social en 2014 una cantidad superior a los 17 millones de euros por un concepto hasta la fecha extrasarial.

Tales argumentaciones llevan a Fedeme a exigir y apoyar los planteamientos patronales que reclaman al Gobierno la retirada de la nueva normativa que "merma manifiestamente la competitividad de las empresas y la creación de empleo y que colisiona claramente con históricas reivindicaciones empresariales".

Igualmente, señala que la disposición ahora publicada entra en conflicto con el derecho a la negociación colectiva, modificando la naturaleza de conceptos económicos a los que los negociadores de los mismos habían atribuido expresamente carácter extrasarial, dentro de un conjunto de pactos y acuerdos que integran el contenido de un Convenio Colectivo, como un todo y una unidad.

De esta forma, Fedeme cuestiona, si desde el punto de vista legal, el Gobierno se encuentra legitimado para realizar "unilateralmente" este tipo de modificaciones, alterando la naturaleza de acuerdos nacidos de la negociación colectiva, derecho que debemos recordar se encuentra reconocido y protegido por nuestra Constitución", apostilla el presidente de esta federación.