El Govern ha asegurado este lunes que "hará lo que pueda" respecto al cierre de la planta embotelladora de Coca-Cola en Palma, pero ha destacado que se trata de "una empresa privada", según han explicado desde la Unión General de Trabajadores (UGT) tras la reunión mantenida con el conseller de Economía y Competitividad, Joaquín García.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria general de la Federación Agroalimentaria de Baleares de UGT, Rosa García, ha señalado que desde el sindicato han planteado al Ejecutivo autonómico el sin sentido que supone que se traslade la embotelladora a Barcelona debido a que supondrá "un gran impacto ambiental" y que, además en Baleares no se incurre en "duplicidades".

Según la sindicalista, este es uno de los argumentos que han esgrimido desde la compañía para argumentar el cierre de las plantas embotelladoras, pero en el caso de las Islas no ocurre así ya que desde una sola embotelladora se distribuye a toda la Comunidad Autónoma.

García también ha planteado que a nivel económico, algunos trabajadores de Baleares "cobran el 25% menos que en la Península" y que el cierre de la embotelladora supondrá una pérdida de riqueza no sólo por los trabajos directos que se perdería sino por los indirectos como, por ejemplo, el pago que se realiza a Emaya por el pago del agua para realizar este producto.