Comisiones Obreras ha cifrado en unos 15.000 los empleos del sector ibérico en Castilla y León y ha advertido de que estos puestos de trabajo, la mitad directos y el resto indirectos, están "en el aire" por la nueva regulación del Gobierno que, según ha augurado el sindicato, va a suponer una "clara merma" en el empleo.

"El empleo volverá a ser el gran pagano de la norma", ha advertido el secretario regional de Feagra-CC.OO, Juan Manuel Ramos, para quien si el 46 por ciento de los consumidores desconocían los pormenores de las diferentes variedades de ibérico con la nueva normativa esta cifra se duplicará, "con lo que su recelo a estos productos también".

Según los datos de CC.OO, en estos momentos hay 352 empresas transformadoras en Castilla y León de las que el 80 por ciento están en la provincia de Salamanca. Este conjunto de sociedades tiene una facturación de 600 millones de euros con un total de 15.000 empleos de los que unos 5.000 operan en Salamanca y, dentro de esta provincia, fundamentalmente en Guijuelo y comarca.

"Con la nueva norma muchos de estos empleos pueden peligrar", ha asegurado el secretario regional de Feagra-CC.OO, que ha recordado también que en los últimos años la cabaña de cabezas de ibérico se ha visto mermada "de forma considerable" por diversas razones.

Así, ha relatado que en 2008 había 517.000 cabezas mientras que en 2012 la cifra había mermado hasta las 143.000, de las que el 70 por ciento de los sacrificios se hacían en Castilla y León. Según CC.OO., la cifra de negocio en esa época ascendía a 1.500 millones de euros. El porcino por entonces suponía 14.000 millones de euros, el 65 por ciento de los 21.200 millones de euros que facturaba todo el sector cárnico en España y de este apartado más del 10 por ciento pertenecía al ibérico.

En cuanto a la cabaña de cerdos cruzados, de 2008 a 2012 se ha pasado de 3.653.873 cabezas a 2.175.927, lo que ha supuesto una caída del 40 por ciento, mientras que la bajada de cerdos puros y cruzados ha pasado de 4.171.045 a 2.319.700. "Todos estos datos ponen de manifiesto la preocupación que hay en el sector", ha reconocido Ramos.

Por todo ello, el responsable de la Federación Agroalimentaria de CC.OO en Castilla y León ha reiterado que la obligada readaptación de la nueva norma nacional no favorece en ningún caso los intereses de los trabajadores de este sector en Castilla y León, "más bien ocurrirá lo contrario".