Un nuevo informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a petición de la juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares vuelve a cuestionar el uso "indebido" del "inadecuado concepto" de las transferencias de financiación por parte de la Junta de Andalucía para conceder subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis a cargo del programa 31L y discrepa de las conclusiones elaboradas en su día al respecto por la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Dicho informe, con una extensión de 65 páginas y que ya ha sido trasladado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa, es consecuencia de una orden formulada en diciembre por la magistrada Mercedes Alaya a los peritos de la Intervención General del Estado para que analicen la actuación de la Cámara de Cuentas de Andalucía en relación a las ayudas sociolaborales del programa 31L, más conocido como 'fondo de reptiles'.

La IGAE expresa en las conclusiones del informe, consultadas por Europa Press, "significativas discrepancias de criterio" con la Cámara de Cuentas de Andalucía y señala que "las modificaciones presupuestarias realizadas para aumentar el inadecuado concepto de 'transferencia de financiación' a IFA-IDEA, con el que indebidamente se concedieron subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis (16 aprobadas por el Consejo de Gobierno, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, y 6 aprobadas por el titular de la consejería), no cumplieron uno de los principales requisitos legalmente establecidos, como es que la aplicación presupuestaria de destino sea la adecuada".

Este informe complementa a otro de la IGAE ya incorporado a la investigación el pasado mes de diciembre en el que reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de la Junta entre 2000 y 2009; la exministra Magdalena Álvarez, el expresidente andaluz José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la ausencia de "las medidas necesarias" para solucionar y erradicar las "irregularidades" detectadas en las fórmulas usadas para la administración de la partida 31L.

Otras discrepancias con la cámara de cuentas

En esta ocasión, la IGAE se centra en explicar la "indebida aplicación" de las transferencias de financiación que IFA-IDEA recibía de la Consejería de Empleo por el programa 31L, ya que éstas "no tenían como destino equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias, que es su única finalidad legal".

Por ello, y dado que no era "legalmente posible" destinar créditos del programa 31L a la concesión de subvenciones sociolaborales, la Intervención General del Estado asegura que la Junta sí pudo realizar "las modificaciones presupuestarias precisas de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma para dotar la partida legalmente adecuada".

Sin embargo, pese a esta "posibilidad legal", la Administración autonómica "no la ejerció y realizó diversas modificaciones presupuestarias al objeto de crear esta partida no apta para conceder subvenciones" en los años 2000 y 2001, años en los que la Consejería de Empleo "disponía de las partidas adecuadas para otorgar dichas subvenciones (mientras que no disponía de la partida 'transferencia de financiación')".

Además, la IGAE advierte de la "falta de competencia legal del director general de Trabajo y Seguridad Social para conceder ayudas y subvenciones correspondientes al programa 31L" y de que la Memoria y el Informe Económico Financiero que la Junta incorpora como documentación anexa al proyecto de presupuesto remitido al Parlamento, "no forman parte de la Ley de Presupuestos, ni son debatidos ni, en consecuencia, aprobados por aquél", por lo que carecen de "fuerza de ley".

Es decir, que cuando el Parlamento andaluz aprobó el crédito de "transferencia de financiación a IFA-IDEA en el presupuesto de la Consejería de Empleo, aprobó la partida para cubrir las pérdidas que IFA tuviera", no para que ésta se destinase a la concesión de subvenciones sociolaborales, algo que "en ningún caso" debió hacerse, según la Intervención General.

La IGAE también apunta que, en este proceso, la actuación del Parlamento andaluz al aprobar las transferencias de financiación a IFA-IDEA del programa 31L, "fue plenamente consecuente con la legislación que, sobre esta materia, el propio Parlamento había aprobado en reiteradas ocasiones durante 16 años".