Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Santander -CCOO, UGT, USO, CSIF y APL- han acusado este viernes al equipo de Gobierno (PP) de "despilfarrar" dinero público en costas judiciales al "obligar" a los empleados públicos a acudir en cascada a los tribunales para "defender sus derechos".

Según aseguran, en dos años los trabajadores municipales han conseguido ya una veintena de sentencias favorables, lo que consideran una "barbaridad", máxime teniendo en cuenta que cada sentencia que pierde el Ayuntamiento, le genera un coste económico de hasta el 30% de la cantidad reclamada, y en los casos en los que se reclama el reconocimiento de un derecho, las costas pueden llegar hasta los 5.400 euros.

Por otro lado, los sindicatos denuncian que el Ayuntamiento se niega a aplicar los efectos de las sentencias ganadas a todos los afectados, lo que obliga a cada uno de los perjudicados a reclamar sus derechos judicialmente.

Según señalan, esta política del equipo de Gobierno puede derivar en 130 nuevas demandas por asuntos que ya se han ganado en el contencioso administrativo, por lo que el gasto de fondos públicos en costas judiciales se puede "disparar innecesariamente a cifras desorbitadas y escandalosas" en los próximos meses.

Los sindicatos han puesto dos ejemplos de sentencias ganadas que el Ayuntamiento no tiene intención de aplicar a todos los perjudicados: la primera reconoce el derecho del trabajador a recibir una compensación por servicios prestados fuera de su horario laboral, y afectaría a un centenar de empleados públicos; y la segunda, por trabajar las noches del 24 y el 31 de diciembre, a una treintena.

Al mismo tiempo, denuncian que el equipo de Gobierno ha "suprimido unilateralmente" dos cláusulas del convenio colectivo que permitían al trabajar elegir entre tiempo o dinero como compensación en los dos supuestos anteriores.

Además han puesto un tercer ejemplo de un policía local que solicitó la adaptación de la funda de su pistola "por un problema físico" y el Ayuntamiento se lo denegó, pese a que el informe de los técnicos era favorable y pese a que esa "pequeña modificación cuesta 20 euros".

Los sindicatos han explicado que este trabajador llevó su caso a los tribunales y lo ganó, con lo que las costas para el Ayuntamiento podrían ascender hasta 5.400 euros y, aún así, el Consistorio ha recurrido la sentencia. "Recurren por norma porque el dinero no sale del bolsillo del alcalde y los concejales, sino de los ciudadanos" han señalado los portavoces de las organizaciones sindicales, que se han ofrecido a aportar los 20 euros de la funda de la pistola para que el Ayuntamiento retire el recurso.

Para los sindicatos, el "despilfarro" del Ayuntamiento no sólo se limita al pago de las costas judiciales. Así, denuncian la contratación por parte del equipo de Gobierno de abogados externos (en plantilla hay tres letrados y dos vacantes), que suponen un incremento del gasto público de unos 135.000 euros al año.

También denuncian que el equipo de Gobierno contrata informes jurídicos externos cuando los informes de los técnicos municipales no son acordes a su política.