El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández asegura que, desde que perdió su empleo "como consecuencia directa" de su ingreso en prisión por orden de la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, "se ha convertido en un paria al que se le han cerrado las puertas del mercado laboral".

En un escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, consultado por Europa Press, el abogado del exconsejero de Empleo, que pudo abandonar la cárcel en agosto de 2012 tras pagar una fianza de 450.000 euros, asevera que su cliente, "a pesar de sus esfuerzos, ha carecido ya de cualquier oportunidad de obtener un trabajo remunerado".

En el mismo escrito, el letrado recuerda que, una vez pagó la fianza, la juez Mercedes Alaya ordenó que entregara tanto el pasaporte como el DNI, obligándolo además a comparecer todos los martes ante el órgano judicial, lo que su cliente lleva haciendo desde entonces.

El exconsejero acepta la retirada del pasaporte, lo cual "se asume como un tal vez inevitable correlato en la lógica del proceso penal", a lo que se suma que "a día de hoy no precisa en su vida ordinaria salir al extranjero ni por causa de relaciones personales o familiares, ni desde luego por razones de trabajo", pero asevera que "otro sea el sentir sobre la desposesión infligida en cuanto" al DNI.

"Este sí es un elemento de uso habitual en la vida ordinaria y, sin mayor esfuerzo, se entiende bien la aflicción moral a que inevitablemente queda sometido quien ignominiosamente ha de exhibir ante terceros desconocidos su condición de persona sujeta a una investigación criminal cada vez que se hace precisa la identificación personal", lo cual sucede "cotidianamente, por ejemplo si se toma un vuelo doméstico o cuando se paga en un comercio o en un restaurante mediante tarjeta de crédito".

El abogado se pregunta si, "considerando la evidente disposición que mi mandante desde el inicio del proceso y hasta la actualidad viene prístinamente observando, ¿es realmente, a estas alturas de la causa, la desposesión del documento nacional de identidad un elemento necesario o que siquiera refuerce la sujeción a la causa de aquél? Honestamente consideramos que no".

"PASEÍLLO"

Al hilo, dice que, "en cambio y por consecuencia, no puede dudarse del carácter innecesariamente aflictivo y abiertamente estigmatizador que, si derechos fundamentales en mano, serían de evitar incluso con ocasión del cumplimiento de una pena propiamente dicha, mucho más y por obvias razones parecen rechazables en sede de simple medida cautelar, muy especialmente desde la consideración de no haberse producido y padecerse la misma en el curso de un procedimiento penal normal, sino en el seno de una macrocausa como esta, probablemente sin precedentes y cuyo final de la fase instructora no cabe aún prever".

En cuanto a la presentación semanal ante el Juzgado, pide una "eventual suavización de la medida" y que se establezca con carácter mensual o a lo sumo quincenal, aunque "se seguirá llevando a efecto de buen grado si estima conducente a algún razonable interés el que, a estas alturas de la causa", el imputado "se desplace cada martes" al Juzgado, "sobrecargando aún más la operativa de la oficina judicial".

Añade que, en cada comparecencia semanal en el Juzgado, su cliente tiene que "someterse y superar, a la entrada y a la salida, la barrera de los medios de comunicación, incluso gráficos, que al parecer aún no satisficieron suficientemente su deseo de reflejar este obligado y permanente paseíllo —unas 70 semanas han transcurrido desde que obtuvo la libertad provisional—, lo cual corre en mayor perjuicio, si cabe ya, de la maltrecha presunción de inocencia del mismo".

De otro lado, el exconsultor de Vitalia Jesús María Bordallo también ha pedido a la juez que le devuelva el DNI, ya que su retirada "le está causando graves perjuicios", añadiendo que "la situación personal y económica por la que pasa le obliga a buscar trabajo, hecho éste que si es complicado a día de hoy, se ve aún más dificultado al presentar en cada entrevista de trabajo el documento sustitutivo del DNI emitido por el Juzgado".

Una vez conocida las peticiones de ambos imputados, la juez ha dictado una providencia en la que da un plazo de tres días tanto a la Fiscalía Anticorrupción como al resto de partes para que se pronuncien al respecto.