La Junta de Castilla y León pedirá en la Conferencia Sectorial de Agricultura, que se celebra desde este lunes, que las ayudas a acopladas lleguen al 13 por ciento, como permite la Unión Europea, y las que se refieren a cultivos protéicos alcancen el 2 por ciento.

Así se expresó el pasado viernes la consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente, quien aseguró que defenderán que la "ficha financiera", es decir, los recursos que llegan de la Política Agrícola Común (PAC), se mantengan en la media anual de los 1.150 millones de euros como hasta ahora.

Clemente, momentos antes de participar en una jornada de cooperativismo en Valladolid, explicó que se defenderá que las ayudas acopladas lleguen a las cantidades que realmente cubran las subvenciones que han recibido hasta ahora sectores como el ovino, vacuno o remolacha.

En cuanto a éste último, señaló que la ayuda va ligada a las acopladas a otros sectores y, en este caso, el Ministerio baraja un porcentaje inferior al que permite Europa, aproximadamente un 11 por ciento cuando el techo estaría en el 13.

"Castilla y León va a pedir llegar a este 13 por ciento porque además es lo que se acordó en la Sectorial de julio", reiteró Clemente, quien recordó que todas las comunidades estuvieron de acuerdo en llegar al máximo permitido.

Así, se pedirá llegar al límite que marca Europa, igual que con los cultivos protéicos, respecto a los cuales el Gobierno central sólo plantea un 1 por ciento y el máximo es el 2, al cual quiere que se llegue. "Lo mismo se va a hacer para el recto de sectores para los que se tiene especial preocupación, sobre todo los de la ganadería", añadió.

Definición de agricultor activo

Por lo que se refiere al agricultor activo, Silvia Clemente reiteró que se defenderá el "acuerdo unánime" al que ha llegado todo el sector de la Comunidad, que recoge que tiene que ser un agricultor que se dedique a la actividad agraria el que tiene que percibir las ayudas.

Clemente considera que es "razonable y obvio", por lo que confía en que todo discurra por la "vía del debate" y "una mirada al futuro del sector de forma constructiva".

En cuanto a posibles alianzas sobre este tema, señaló que hay otras comunidades autónomas que quieren apostar por la definición de agricultor activo, pero "no hay coincidencia en los requisitos".

A este respecto, recordó que en Castilla y León el acuerdo recoge que la mitad de los ingresos procedan de la actividad agraria y la otra mitad de la PAC para poder considerar a un agricultor como 'activo', pero además se ha planteado que tengan que estar "al día" en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales "porque hay un abanico muy amplio para poder adaptarse al cumplimiento de estas obligaciones".

La titular castellanoleonesa de Agricultura y Ganadería agregó que en otras comunidades "el sentimiento y la percepción" de la definición de agricultor activo existe, pero lo que hay que ver es el nivel al que se puede llegar y los requisitos en los que pueda haber acuerdo.

En concreto, Silvia Clemente señaló que Asturias ha firmado un acuerdo en esta misma línea y tiene constancia de que otras comunidades también opinan lo mismo que Castilla y León, aunque "falta decidir el detalle de los requisitos que es necesario tener en cuenta".