Así lo asegura Sánchez Rubio en una respuesta parlamentaria por escrito a los parlamentarios de IULV-CA por Málaga José Antonio Castro y María Dolores Quintana, que se interesaban por los motivos que llevaron al SAS a no renovar el visado de la medicación a una paciente que la denunció en los tribunales por no haberle prescrito un tratamiento rehabilitador tras sufrir un derrame cerebral espontáneo por el que estuvo ingresada durante nueve meses en el antiguo Hospital Carlos Haya de Málaga.

En la contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, la titular de Salud defiende en primer lugar con carácter general que "la atención sanitaria que ofrece el sistema sanitario público de Andalucía a sus usuarios ha sido siempre y sigue siendo la adecuada, acorde a las necesidades de cada paciente y con los protocolos clínicos consensuados y con la oferta disponible en la cartera de servicios".

Junto a ello, Sánchez Rubio subraya que la Junta "cumple con la obligación de garantizar la protección de la salud de todas las personas residentes en Andalucía de forma equitativa y, en ningún caso, deja de atender a un paciente salvo que éste, en su legítimo derecho de ejercer su autonomía, opte por otras alternativas asistenciales, como puede ser la medicina privada".

En este sentido, la consejera señala que "la inspección médica concede visados para medicamentos cuando el paciente cumple las condiciones específicas de prescripción y dispensación establecidas en cada caso" y deja claro que "el ejercicio de acciones por vía judicial de un ciudadano que, como consecuencia de una acción o decisión de la administración sanitaria, considere lesiva para sus intereses es totalmente legítima y esta administración ni lleva a cabo ni permite represalia alguna".

Sánchez Rubio no entra en su respuesta a los diputados de IULV-CA a detallar aspectos concretos del caso de la persona objeto de la iniciativa porque ello exigiría acceder a la historia clínica de la paciente.