Los centros educativos católicos afectados por la decisión de la Junta de Andalucía de retirar ahora el concierto a unidades por entender que poseen ratios de alumnado bajas —hay hasta siete colegios en esta situación, tres de ellos de Granada, dos de Sevilla, uno de Málaga y otro de Huelva— han presentado alegaciones ante la administración autonómica.

Así lo ha confirmado a Europa Press el secretario general de la patronal Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), Carlos Ruiz, que ha añadido que ahora estas estructuras educativas se encuentran a la espera de la decisión en firme de la Junta. Asimismo, ha indicado que el colectivo aún se encuentra a la espera de poder mantener una reunión con los responsables de Planificación y Centros de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para poder tratar el conflicto.

En función del dictamen de la Junta, si el mismo no se ajusta a lo que consideran adecuado, "tanto la patronal como los propios centros educativos tomarán las medidas adecuadas", apuntándose en este sentido a una causa judicial.

Y es que, según recuerda ECA, en noviembre de 2012 la Consejería intentó el recorte de unidades por estas mismas razones y, más tarde, "volvió a la carga con el recorte en el proceso de concertación, que felizmente fue paralizado por los tribunales ante la reacción judicial de los centros".

Para Ruiz, frente a este procedimiento abierto por la administración andaluza para la supresión de convenios no se están teniendo en cuenta distintos factores, tales como estudiar la ratio de la zona. Se ha preguntado así si "nos van a exigir tener todas las clases con 25 alumnos en el caso de tener al lado otros centros con 20", aludiendo asimismo al hecho de que algunos colegios desempeñen labores educativas en entornos de especial dificultad, lo que motiva un menor número de alumnos, o que en otros casos los datos ofrecidos por la Junta "no se ajusten a la realidad".

Aún en la tesitura de "conceder el beneficio de la duda" a la administración, Ruiz ha lamentado que esta decisión se tome "para tres meses", habida cuenta de que se pretende acometer en el presente curso académico y las alegaciones retrasarían el proceso, aproximadamente, hasta el mes de febrero, considerando una "barbaridad" que para un periodo tan escaso se obligue al necesario reajuste de ubicaciones y horarios.

Así, la ECA considera que la Junta "vuelve a la carga" contra los colegios concertados y entiende que estas medidas están "en continuidad con el ataque del que está siendo objeto la enseñanza concertada por parte de la Junta y que se inició el pasado curso".

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