El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha comunicado este martes a primera hora de la mañana a los responsables en el ámbito del sector público de CCOO, UGT y CSI.F en la ciudad autónoma que renuncia a la reestructuración del entramado de sociedades municipales y organismos autónomos de la Administración local para no "poner en riesgo a corto o medio plazo" los aproximadamente 700 puesto de trabajo que se veían afectados por el plan gubernamental.

Después, el presidente ha convocado una Junta de Portavoces para "informar" a la oposición y a primera hora de la tarde ha comparecido ante los periodistas, a quienes ha repetido que no parecía "aconsejable" mantener a "cientos de familias" en un clima de "inseguridad e incertidumbre" durante meses o años.

"Los recursos de reposición planteados están bien fundamentados, según los informes técnicos recabados, y ante la controversia jurídica de notable enjundia en la que podríamos vernos envueltos hemos considerado mejor reconsiderar nuestra postura, enmendarla y revocar los acuerdos plenarios alcanzados", ha resumido.

Según han corroborado fuentes sindicales a Europa Press, ambas partes consideran que unos 700 empleos correrían un "alto riesgo" si el proceso iniciado, que con fecha 1 de enero conllevó la disolución sin liquidación de todas las empresas públicas locales (salvo las que gestionan el abastecimiento de agua y un hotel) y su integración en organismos autónomos, terminase en los juzgados.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) en Ceuta, Juan Carlos Pérez, ha considerado esta marcha atrás "lo más sensato". "Todos nos involucramos en la reforma del sector público periférico para asegurar la estabilidad del empleo y, si ahora se corre el riesgo de causar lo contrario, lo mejor es rectificar", ha argumentado.

El Pleno de la Asamblea aprobó sin votos en contra en diciembre reducir el número de empresas municipales, organismos autónomos y fundaciones de la Administración local de 18 a 13. El acuerdo suponía la creación como Servicios Regionales de cinco nuevos organismos autónomos: los de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda (con la Gerencia de Urbanismo y Emvicesa); de Tributos, Economía y Presupuestos (con Procesa y Servicios Tributarios); de Turismo y Deporte (con Servicios Turísticos, el Parque Marítimo y el ICD); de Medio Ambiente y Equipamiento Urbano (fruto de la fusión de Obimasa, Obimace y parte de Amgevicesa); y de Emergencias (con el equipo del 112).

Nada más concretarse la reforma, varios funcionarios del Ayuntamiento presentaron recursos de reposición contra el acuerdo al considerarlo "nulo de pleno derecho" por propiciar, según sus firmantes, la incorporación de cientos de trabajadores a la Administración local sin someterse a los principios constitucionales que regulan el acceso a la Función Pública.

Sin haber llegado a responder a esos recursos, el Gobierno ceutí ha defendido ante los sindicatos la conveniencia de volver a la situación existente hasta el 31 de diciembre. Según los informes técnicos recabados por el Ejecutivo de Vivas, la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuya entrada en vigor aceleró el proceso ahora cancelado, no conllevará finalmente la obligación de liquidar las empresas municipales existentes, a las que ya se ha sometido a diferentes Planes de Ajuste, que era lo que se temía.