El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Jesús Enríquez, y, posteriormente, el alcalde de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva, han reconocido que la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local no es la que "habrían planteado los ayuntamientos", si bien han apreciado que sea también distinta a la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda.

Pese a ello, el Grupo Popular ha rechazado sendas mociones presentadas por el PSOE e Izquierda Unida en el Pleno municipal correspondiente al mes de enero, celebrado este martes, en las que se planteaba solicitar la retirada del texto o instar a la FEMP a facilitar el cumplimiento de los requisitos para promover un conflicto constitucional en defensa de la autonomía municipal.

Tras la negativa del equipo de Gobierno a debatir el anteproyecto de Ley del Aborto, el protagonismo del Pleno municipal ha quedado en las dos mociones de la oposición sobre la denominada Ley Montoro que, como ha advertido el portavoz del Grupo Socialista, Javier Izquierda, ha contado con dos justificaciones "falsas" como que los ayuntamientos son los causantes de la deuda pública en España y que va a generar un ahorro.

En cambio, según Izquierdo, la nueva Ley se enfoca a atender las demandas de "muchas empresas de construcción que antes tenían muchas obras y ahora quieren chicha", pues considera que las competencias en algunos servicios sociales y materias como el abastecimiento de agua, la recogida de residuos o el pavimentado de calles de municipios de menos de 20.000 habitantes les sean "arrebatados".

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno ha planteado su posición con una referencia a las supuestas diferencias en el PSOE sobre el método para plantear la oposición a esta reforma. "Han convertido el Pleno en una palestra para su lucha de poder", ha aseverado Enríquez, que posteriormente reconoció que, pese a que el Grupo está satisfecho con el texto de la nueva Ley, "no es el que habrían planteado los ayuntamientos.

El primer edil, en la rueda de prensa que ofrece después de los plenos municipales, ha coincidido en afirmar que la Ley aprobada no le gusta pero ha matizado que le gusta "más que el proyecto que presentó Antonio Beteta" y que sucede "como en el juego de las siete y media" porque "en unas cosas se pasa y en otras no llega".

En este sentido, ha recordado, igual que ha apuntado Izquierdo en el debate que la Ley permitiría al alcalde subirse el sueldo, por lo que ha reiterado que el reglamento que rige sus retribuciones lo estableció su predecesor socialista, Tomás Rodríguez Bolaños y que le gusta más que "lo que permite la reforma del ministro Montoro".

Por ello, reprochó duramente las tesis del concejal socialista Pedro Herrero, quien le acusó de "jactarse de lo barato que sale a los vallisoletanos, cuando siempre se ha fijado el sueldo que ha querido". El edil socialista también invitó al primer edil a "presumir" de la situación económica del Ayuntamiento en "los tres minutos" que le dé el PP en la "fiesta de la recuperación" que para él supone la Convención Popular que comenzará el 31 de enero.

Izquierda Unida ha insistido en pedir que el Ayuntamiento aclare lo antes posible qué competencias no podrá ejercer, de acuerdo con la Ley, pues teme que tenga consecuencias en la prestación de servicios; mientras que Javier Izquierdo ha aseverado que el Consistorio debería estar "preocupado" por la posibilidad de que sociedades municipales como VIVA o Auvasa puedan "verse disueltas".

"pobreza energética"

En la sesión plenaria de este martes se han rechazado también otras dos mociones presentadas por IU para facilitar el pago de suministros de luz y gas, pues la concejal Rosa Hernández cree que esas necesidades pueden cubrirse con las ayudas urgentes, que han pasado de un total de 23.000 euros a 86.000 en los últimos dos años; así como la propuesta de consensuar con la oposición un nuevo Plan de Vivienda que preste la atención correcta a los "centenares" de personas con riesgo de perder su vivienda, pues la concejal Rosa Hernández ha considerado que el Ayuntamiento ya "va más allá" gracias a la Ley de atención a la Vivienda aprobada en 2013.

Sí que hubo acuerdo, al menos entre el PP y el PSOE, para presentar la moción conjunta que defiende la continuidad de las obras de alta velocidad entre Valladolid, Burgos y el País Vasco. Un proyecto que, según el presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente, apuesta por el "corredor ferroviario más importante" del norte y el oeste de España y que, a juicio del 'popular' Jesús Enríquez hace referencia a la infraestructura de alta velocidad que "ha traído mucha prosperidad" a Valladolid en los últimos seis años.

En cambio, la concejal de IU María Sánchez ha expresado la oposición de IU a la propuesta porque considera que las inversiones en el AVE han supuesto un "derroche" e implican una apuesta por un medio de transporte "elitista" que no da servicio a las "grandes masas" de la sociedad. Por ello, ha incidido en que sería más necesario prestar atención a las líneas convencionales, "que son las que pueden parar en los pueblos más pequeños", o las de cercanías.

Durante su intervención, Jesús Enríquez ha anunciado que ya se ha confirmado la reunión entre el alcalde de Valladolid, su homólogo de Burgos, Javier Lacalle, el consejero de Fomento de la Junta, Antonio Silván; y representantes ministeriales para abordar la situación de las obras entre Valladolid, Burgos y la denominada 'Y vasca'. De hecho, Óscar Puente ha concretado su atención en el tramo Burgos-Miranda de Ebro, ya que si quedara como vía convencional supondría "una chapuza" que a largo plazo aumentaría los costes.

Barrio de girón

En cuanto a las mociones, por último, se han aprobado por unanimidad varias propuestas socialistas para mejoras en el barrio de Girón, al igual que una moción conjunta de PP y PSOE, como la que insta a la Subdelegación del Gobierno a que adopte medidas para eliminar los "puntos de venta de droga" existentes en la zona.

También ha acordado el PP reclamar de manera inmediata a la Junta que aborde "un plan de actuación" que contemple la rehabilitación del cine Castilla así como que comiencen las obras de un nuevo centro base para las personas con discapacidad; y se ha comprometido a renovar cada año el pavimento de una calle del barrio.

Igualmente, el Grupo Popular quiso dividir dos propuestas porque apoyaba parte de las mismas, como que tomará medidas para la limpieza del solar de la calle Familia, aunque rechazó realizar un informe para la urbanización del mismo; así como el compromiso realizar un proyecto de reforma para las escaleras que comunican las zonas altas con la plaza Porticada, si bien han desechado poner como plazo este primer semestre del año.

En el turno de preguntas, la concejal de Cultura, Mercedes Cantalapiedra, y María Sánchez han cruzado reproches al criticar la segunda unas declaraciones del presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, sobre el "revulsivo" que puede suponer la Convención del PP. "Pregunte a los hosteleros, taxistas o a las agencias de azafatas", ha propuesto Cantalapiedra.

Por otro lado, en un ruego, Javier Izquierdo ha pedido al alcalde que revise el reglamento de exposición pública de las ordenanzas fiscales ya que podría haberse incumplido, a lo que el regidor vallisoletano ha respondido con la advertencia de que si el Grupo Socialista lleva a los tribunales esta cuestión conseguiría que "se anularan las exenciones que ha añadido" en 2014 el equipo de Gobierno para tasas como la de recogida de basuras.