El PSOE ha denunciado este lunes que otra de las empresas que opta a la gestión de la atención a víctimas de violencia de género ha publicado una oferta de empleo para puestos de trabajo que no se han adjudicado, algo que, a su juicio, constituye una "nueva irregularidad" en lo que considera una "privatización" de este servicio.

En un comunicado, la diputada regional del PSOE y exdirectora general de la Mujer, Isabel Méndez, ha considerado un "escándalo" que otra de las empresas que se han presentado al concurso público para la gestión de la atención a víctimas de violencia de género haya publicado esta oferta de empleo en una web del Gobierno de Cantabria.

Ha señalado que la oferta de empleo publicada el pasado 30 de diciembre en varias páginas web por la empresa Innovación y Desarrollo Local (

Idel sl) con sede en Madrid y que se ha presentado al concurso.

La socialista ha afirmado que se trata de la "segunda irregularidad" detectada en el concurso ya que anteriormente otra candidata publicó ofertas de empleo relacionadas con este servicio aún sin adjudicar.

Se publicaron en octubre de 2013 en la página web empleacantabria, incluso días antes de haberse cerrado el plazo para presentar ofertas.

Méndez ha opinado que esta situación hace "sospechar" que existe "nula concurrencia y nula transparencia" y ha apuntado que ya la primera "irregularidad" detectada "hace pensar que este concurso público tiene todos los visos de no ser competitivo y de que el Gobierno de Cantabria ya tenía pensado a quien adjudicarlo incluso antes de convocarlo".

En relación a la primera irregularidad, ha recordado que el PSOE exigió información y los expedientes completos de este concurso al Gobierno, así como sobre la empresa que "se escondía" tras dicha oferta, petición que, según ha dicho, aún no ha sido contestada por el Gobierno.

"Han dado la callada por respuesta, porque están tratando de ocultar irregularidades que deben aclararse de inmediato", ha criticado Méndez.

El PSOE exigió al Gobierno que la empresa que se escondía detrás de esa oferta fuera eliminada de inmediato del concurso. "Nada sabemos sobre qué empresa es, y ninguna de las presentadas inicialmente fueron eliminadas del concurso", ha dicho.

Para Méndez, este concurso es un "despropósito" ya que, a su juicio, supone la "privatización inaceptable" de un servicio "sensible" como es la atención a víctimas de violencia de género, que venía siendo atendido por las ONGS "expertas" en la materia y que —dice la socialista— ahora pasará a manos de una empresa privada que incluso podría venir de fuera de Cantabria.

Además, ha asegurado que se adjudicará exclusivamente teniendo en cuenta la oferta de dinero más baja "sin atender a experiencia o al propio proyecto y todo ello unido a la falta de transparencia y a varias irregularidades sin explicación alguna".

Ante esta situación, los socialistas han exigido transparencia y explicaciones "claras" al Gobierno y a la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz.

Según Méndez, la consejera es "quien siendo responsable de que hubiera una tramitación jurídicamente exquisita, está cometiendo semejantes tropelías administrativas".

En el PSOE consideran que "hay suficientes motivos" para creer que este servicio se pueda dar "a dedo", además de repercutir en la calidad del servicio y de la atención a las propias víctimas.