El sindicato CCOO-A ha lamentado este viernes que en el Decreto-Ley de ayudas financieras a las pymes puesto en marcha por la Junta no se han tenido en cuenta elementos "esenciales basados en la función social que toda empresa que obtenga recursos y ayudas públicas debe tener y que conllevarían a la creación y estabilidad de empleo" y ha apuntado "deficiencias" en la normativa "que impedirán una rentabilidad social y conllevarán una pérdida de eficacia de la misma".

En un comunicado, CCOO-A ha señalado que el Decreto-Ley de ayudas financieras a las pymes industriales de Andalucía, aprobado a finales de 2013 pretende movilizar 150 millones de euros de ayudas al tejido empresarial andaluz para cubrir instrumentos tales como préstamos blandos, avales o elementos de recapitalización empresarial. Su cuantía, según se contempla en los presupuestos, abarcaría un margen temporal de tres años, teniendo para 2014 una carga económica de 58 millones de euros.

En opinión de CCOO, se trata de una norma que nace con importantes "carencias que impedirán una rentabilidad social y conllevarán una pérdida de eficacia de la misma". Y es que, según ha expresado el sindicato, todas las acciones que se pongan en marcha desde la administración deben tener "una verdadera responsabilidad social" con Andalucía como condicionantes y tener dos claros objetivos, la creación de empleo de calidad y favorecer a las personas trabajadoras más vulnerables, "sobre todo en momentos de crisis y limitaciones presupuestarias, donde los recursos públicos son escasos y hay más de 1.400.000 personas en paro en nuestra comunidad".

Por este motivo, la central sindical ha lamentado que la Junta haya "desaprovechado la oportunidad de reforzar la función social que toda empresa que obtenga recursos y ayudas públicas debe tener al no establecer como requisito para poder beneficiarse de las ayudas la estabilidad laboral en estas empresas, de al menos el 75 por ciento de la plantilla, ni la necesidad de que hayan creado un plan de negocios con la participación activa de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras existente en la empresa".

Asimismo, CCOO-A considera que la norma debería priorizar en el acceso a dichas ayudas a aquellas empresas que cuenten con proveedores locales o del ámbito territorial de la comunidad autónoma, estableciendo como criterio de valoración la implicación por parte de las empresas beneficiarias de su entorno local.

Por otra parte, el sindicato ha criticado que en una norma que moviliza 150 millones de euros de los recursos públicos disponibles y da cumplimiento a elementos recogidos en el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, "no se haya contado con la participación de todos los agentes implicados, empresas y trabajadores, a través de sus organizaciones más representativas, al objeto de garantizar su eficacia y eficiencia".

Ante ello ha demandado que la normativa se tramite parlamentariamente y se produzca su convalidación como futura Ley, "sobre todo, para poder subsanar sus deficiencias y dar cabida a la participación de las organizaciones representativas de las partes afectadas, y especialmente del mundo del trabajo al que afecta".

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