La reunión prevista para este viernes entre la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, la Administración autonómica, las familias que habitan sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de renta libre que Ibercaja posee en la avenida de las Juventudes Musicales, junto a la glorieta de San Lázaro, y la propiedad del edificio no ha arrojado grandes avances al no asistir a la misma la entidad titular de las viviendas.

La reunión se ha celebrado, no obstante, con la participación de las representaciones del colectivo de familias, de la Junta de Andalucía y del titular de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Irma Blanco, una de las portavoces de estas familias, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que habría sido a las 15,30 horas de este pasado jueves cuando la propiedad de las viviendas habría alertado a la Oficina del Defensor del Pueblo de su incomparecencia a la reunión de este viernes. "Su asistencia estaba confirmada. Esto no tiene ni pies ni cabeza", ha lamentado.

El resto de partes, según Irma Blanco, han debatido sobre la posibilidad otras tantas veces mencionada de resolver el conflicto a través de "alquileres sociales" gracias a los cuales estas personas sigan habitando las viviendas. El colectivo de familias, de cualquier modo, ha abandonado el encierro que protagonizaba en la Consejería de Fomento y Vivienda.

Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla debe resolver la nueva solicitud promovida por la propiedad de las viviendas para el "desalojo forzoso" del edificio. Antes, la citada instancia judicial tiene pendiente tomar declaración al único miembro de este colectivo de familias que no ha comparecido aún en sede judicial, pues todas estas personas fueron imputadas por un presunto delito de usurpación. Esta persona en cuestión estaba citada a declarar el pasado 21 de noviembre, aunque su comparecencia no fue materializada al sufrir "una crisis nerviosa y un desvanecimiento" justo antes de entrar en los juzgados.

LA '

Corrala utopía'

Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales. Si bien la pasada primavera mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio; 'Ibercaja' a través de la sociedad limitada 'Residencial Murillo', el banco solicitó de nuevo el "desalojo forzoso" de las viviendas bajo la premisa de que las familias no se habrían atenido a los términos del pacto.

El citado principio de acuerdo implicaba la búsqueda de fórmulas para que las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad" fuesen realojadas "en otras viviendas", el desalojo "efectivo" y voluntario de las viviendas ocupadas, la suspensión de la petición de medida cautelar de desalojo y el "desestimiento del proceso penal instado" contra las familias. Merced a este acuerdo, la propiedad del edificio había pedido al juzgado "que no se acuerde la medida cautelar de desalojo solicitada", si bien como se ha señalado la petición de desalojo forzoso fue reactivada a cuenta del nuevo desacuerdo surgido entre las partes.

La propiedad de los inmuebles, como es sabido, propone a estas familias su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en la obra social de 'Ibercaja'. Este programa, destinado a familias de bajos ingresos, tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado. Se trata, según 'Ibercaja', de "garantizar unos precios sociales que permitan acceder a una vivienda de alquiler a personas con dificultades y necesidades específicas en materia de alojamiento".