La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del Partido Popular andaluz, Alicia Martínez, ha justificado este viernes el recurso del Gobierno central a la Ley 'antidesahucios' de la Junta en que "no está bien hecha" y en que el Consejo de Estado "ha dicho que es inconstitucional".

Así ha contestado en rueda de prensa a los periodistas que le han preguntado por dicho recurso, formalizado en el día de ayer, y por las declaraciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, sobre que la legislación antidesahucios debe ser de "ámbito nacional", de modo que su aplicación "sea para todos los ciudadanos por igual" e independientemente de la ciudad en la que fijen su residencia.

Martínez ha señalado que lo que planteó Becerril es que "evidentemente la legislación antidesahucios tiene que ser nacional" —como la realizada por Mariano Rajoy desde "el minuto uno que llegó a la Moncloa", ha apostillado—, que "no se pueden hacer legislaciones comunitarias" y que, por tanto, "no ha lugar a la ley andaluza" que, según ha insistido, ni es "complementaria a la nacional", ni "está bien hecha" ni es constitucional según el Consejo de Estado.

Ante ello, ha instado a la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, a "dedicarse a Andalucía y dejar de confrontar con el Gobierno de la Nación" y, sobre todo, a "ejecutar el presupuesto de su consejería y conceder las ayudas a las familias a las que, por unas razones u otras, no les llega el marco de las leyes nacionales".

Al respecto, ha denunciado que Cortés, a fecha de 1 de diciembre, sólo había ejecutado el "16 por ciento" del presupuesto destinado al programa del que dependen las transferencias a familias y ayudas para viviendas, alquileres y rehabilitaciones.