La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del Partido Popular andaluz, Alicia Martínez, ha pedido este viernes la comparecencia de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Elena Víboras, para que explique en el Parlamento las "irregularidades" que detectó en mayo de 2012 la Intervención General en el Plan Lidera y que ha supuesto la paralización del mismo como medida cautelar.

En rueda de prensa, Martínez ha explicado que, a consecuencia de dicho informe, la Junta tiene "paralizados" a día de hoy los 52 Grupos de Desarrollo Rural (GDR) que existen en la comunidad y que son el "auténtico motor de desarrollo en los municipios de Andalucía".

Además, ha advertido de que, de este modo, se pone en riesgo la financiación de la Unión Europea en el próximo marco de ayudas al medio rural (2014-2020), ya que dependen del grado de ejecución que haya tenido el anterior programa y éste "está a menos de un 40 por ciento" según ha reconocido, ha dicho, la propia Junta.

La 'popular' ha señalado que la Intervención consideró que los gastos del programa "no reunían las garantías suficientes" conforme a la normativa comunitaria europea y, en consecuencia, pidió la revisión y devolución de lo indebidamente pagado. Como consecuencia, la Junta ha pedido el reintegro de unos 250.000 euros de media a todos y cada uno de los GDR de la comunidad, algo a lo que no pueden hacer frente porque "llevan meses sin recibir dinero por parte de la Junta, lo que provoca que algunos grupos lleven cuatro meses sin pagar nóminas, que no se paguen proyectos empresariales aprobados y que no se aprueben nuevos proyectos que podrían crear empleo a pesar de contar con el dinero de Europa".

El problema está, según Martínez, en que la Junta "ha cambiado los criterios de subvención al final del programa, con vigencia entre 2007 y 2013, y ahora le comunica a los grupos que los gastos de funcionamiento no pueden superar el 20 por ciento del total del programa y que hay gastos que no son subvencionables pero que ya habían sido revisados y aceptados por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural". Se trata de gastos como pluses de nóminas de los trabajadores, gastos de limpieza, dietas y gastos de correo.

Por ello, ha asegurado que "la mala gestión del gobierno andaluz puede provocar la desaparición de los GDR, que desde hace muchos años vienen gestionando los fondos europeos para generar actividad económica y crear empleo en los municipios rurales". Así, ha recordado que desde 2009 estos grupos han gestionado inversiones por un montante de 500 millones de euros, cuya financiación corresponde en un 80 por ciento a la Unión Europea y en un 20 por ciento a la Junta de Andalucía.

Ante ello, y porque "están en juego 13 millones de euros de fondos europeos", el PP-A ha anunciado que pedirá la comparecencia de la consejera de Agricultura en el Parlamento de Andalucía para que "explique la situación y las soluciones para evitar que se pierda esta herramienta de financiación de proyectos de dinamización económica y social en el territorio y que tienen especial incidencia en las mujeres y jóvenes de los municipios rurales andaluces".