La Policía Judicial ha requisado este jueves dos ordenadores del Ayuntamiento popular de Tomares (Sevilla) tras la denuncia de la Fiscalía por presunta malversación y prevaricación contra tres ediles del Consistorio: el de Presidencia, Eloy Carmona; el de Medio Ambiente, Juan Campos; y la antecesora de este último y actual edil de Cultura, Mercedes Fuentes.

Los tres declararon ya como imputados a finales de 2013, así como "seis o siete" testigos, según fuentes judiciales. La actuación se ha saldado sin detenciones.

La denuncia, que parte del PA e IU-CA, responde a la contratación de Campos en el anterior mandato para la elaboración de unos informes con cargo a las arcas municipales. Según la oposición, dichos informes, de dos o tres líneas, fueron elaborados a posteriori para justificar el dinero abonado al concejal.

Además, avisan de una vulneración de las normativas de contratación del sector público, ya que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los trabajos y pagos se prolongaron hasta 2009.

El alcalde de la localidad, José Luis Sanz (PP), también secretario general del PP-A y uno de los nombres que con más fuerza han sonado para sustituir a Juan Ignacio Zoido al frente del partido (y, por tanto, como posible candidato a la presidencia de la Junta), ha defendido el contrato firmado con Campos. Y ha asegurado que estos hechos se están afrontando con "absoluta transparencia, porque no hay nada que ocultar".

El equipo de Gobierno ha convocado para este viernes una comisión urgente para informar a la oposición sobre la actuación judicial llevada a cabo en el Ayuntamiento. Según Sanz, la Policía Judicial se llevó originales de documentos que ya "se les había entregado". El PSOE del municipio tomareño ha exigido al alcalde que "asuma su responsabilidad". El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, reclamó que la Justicia llegue "hasta el fondo, caiga quien caiga".