El PP-A ha recordado que las nuevas medidas normativas para agilizar la actividad económica en Andalucía y simplificar los trámites administrativos que afectan a la creación de empresas, que según el Gobierno andaluz serán aprobadas en el primer trimestre de 2014, vienen siendo planteadas "desde hace muchos años".

En rueda de prensa, la vicesecretaria de Educación y Universidad del PP-A, Aránzazu Martín, ha calificado dicha iniciativa como "de manual", en el sentido de que cuando el PSOE andaluz pasa por un proceso de candidatura es una de las medidas recurrentes.

Martín, al respecto, ha recordado que este proyecto fue planteado hace años por el "extinto" presidente autonómico Manuel Chaves, y posteriormente por su sucesor, José Antonio Griñán, mientras que, "cómo no", ahora ha sido asumida por la actual mandataria andaluza, Susana Díaz. "Son viejas promesas para la que dice ser la nueva presidenta", ha concluido.

La Junta ha analizado 1.313 procedimientos administrativos de su competencia, con especial atención a los 691 que se vinculan a la puesta en marcha o desarrollo de actividades económicas. De estos últimos, desde junio de 2011 ya se han simplificado 156, más de la mitad de ellos sustentados en normativa exclusivamente autonómica. Las nuevas medidas previstas mejorarán los 535 restantes (315 con fundamento en la legislación estatal y 220 basadas en la autonómica), además de iniciar líneas de agilización para los trámites de ámbito local.

La normativa que prepara el Gobierno andaluz, con la participación de los agentes económicos y sociales más representativos, abordará directamente los 220 procedimientos con fundamento exclusivo en la normativa autonómica.

Fundamentalmente, la Junta modificará aquellos trámites que puedan facilitar la inversión productiva en los sectores económicos más relevantes; introducirá medidas para reforzar los derechos de consumidores, trabajadores y empresas, y simplificará y evitará duplicaciones en requisitos de creación de empresas como los relativos a inscripciones en registros y renovación de autorizaciones.

Además, el Consejo de Gobierno aprobará un 'mapa de procedimientos de autorización' con información exhaustiva y sistematizada sobre cada uno de ellos. Otra de las medidas previstas es el reforzamiento de la Agencia de Defensa de la Competencia como organismo regulador y supervisor en esta materia.

Respecto a la simplificación de las 315 autorizaciones basadas en la normativa estatal, el Gobierno andaluz propondrá la priorización de aquellas vinculadas a los sectores de mayor peso económico. La propuesta se presentará ante el Comité para la Mejora de la Regulación de las Actividades de Servicios, organismo de cooperación entre las administraciones estatal y autonómica que se creó en 2011 con la Ley de Economía Sostenible.