La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso del que fuera jefe de Negociado en el Departamento de Afiliación de la Administración de la Seguridad Social 47/03, Francisco José G.P, quien había sido acusado de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido entre agosto de 2008 y julio de 2009 por acceder a datos de particulares y empresas ajenos al cometido que tenía encomendado para facilitarlos a terceros.

Aunque el fiscal y la abogada de la Tesorería General de la Seguridad Social habían solicitado una condena de cuatro años de cárcel, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid a resuelto absolver al funcionario, ya jubilado, por entender que su conducta no está tipificada dentro de los artículos 197 y 198, que regulan los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, según informaron fuentes jurídicas.

Y ello a pesar de que el acusado, tras más de veinte años de servicio como funcionario, reconoció en el juicio que en el referido periodo objeto de investigación efectuó un total de 8.936 transacciones informáticas relativas a domicilios, datos de filiación y vidas laborales que compartió con terceros.

El ahora absuelto alegó que en momento alguno pensó que su actuación constituyera un delito de descubrimiento y revelación de secretos sino que, en cambio, "estaba en la creencia de que se trataba de la prestación de un servicio público", sobre todo cuando, como así explicó, buena parte de esa información facilitada, fundamentalmente domicilios, fue a petición de la Policía Nacional, la Guardia Civil y en otros casos a requerimiento de la mutua Ibermutuamur y de la gestoría Conde sobre altas y bajas en empresas.

El ya exfuncionario insistió en que "no tenía conciencia de que ello fuera ilegal", sobre todo porque no percibió por ello compensación económica alguna, ni siquiera cuando la información la facilitó a amigos o al jefe de seguridad de El Corte Inglés en Valladolid, un expolicía al que conocía y que le solicitaba datos de posibles morosos, ni tampoco a pesar de que al acceder al ordenador con su clave de usuario apareciera en la pantalla la advertencia de que se trataba de datos protegidos de los que no se podía hacer un uso indebido.

Dificultar las multas de la ora

Sí reconoció, en cambio, que modificó el domicilio del trabajador de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 47/03 Javier G.G, compañero de trabajo en la misma oficina de la calle Joaquín María Jalón, haciendo constar que residía en Fuerteventura y no en Tordesillas, a petición de este último y con el único propósito de dificultar que le llegaran las multas de la ORA de la Policía Municipal, extremo que el propio beneficiado reconoció en el juicio.

Por su parte, el director de la Administración número 3 de la Seguridad Social 47/03, jerónimo G.C, y su predecesora en el cargo, Rosalía A.P, coincidieron al recordar que el acusado no sólo era una persona con ciertas limitaciones técnicas en las que no se podía confiar mucho sino que, en palabras de la segunda, era a menudo reprendido por su costumbre de ausentarse del trabajo.

En este sentido, el propio aludido reconoció que su horario era de 07.30 a 15.00 horas pero que en ocasiones se iba a desayunar a las 12.00, "y había días que volvía y otros que no".

Fuera de la demarcación

Pero además, el todavía hoy director de la referida administración, tras precisar que las tareas del procesado se centraban en el registro de la entrada y salida de escritos, así como en lo relativo al Régimen Especial de trabajadores taurinos y en altas y bajas de trabajadores en el extranjero, fundamentalmente de empleados de Renault, ratificó su "extrañeza" ante el elevado número de transacciones informáticas realizadas por el funcionario, dado el reducido ámbito competencial asignado, y sobre todo las relativas a trabajadores y empresas ajenos a la demarcación de Valladolid.

Sobre la facilitación de datos a la Guardia Civil y la Policía Nacional, tanto jerónimo G.C. como su antecesora en el cargo sostuvieron que, conforme a una "buena praxis, hay un procedimiento formal no reglado que requiere de una petición por escrito y que la misma se encuentre debidamente motivada", algo que el procesado nunca requería y que, según reconoció en su día en el ámbito del expediente administrativo abierto, venía realizando en los últimos diez o doce años.

En la misma línea, José Carlos A.C, inspector de Servicios de la Tesorería General de la Seguridad Social, fue taxativo al afirmar que lo llamativo del caso no es sólo el elevado número de operaciones informáticas y que las mismas se refieren a personas y empresas ajenas a Valladolid sino el horario de su realización.

"Se detecta un pico entre las 07.00 y las 09.00 horas, cuando aún no está la oficina abierta al público", indicó el inspector, en clara alusión a que las operaciones respondían a un fin particular del procesado.