La jueza instructora de la 'Operación Pokémon', Pilar de Lara, ha comenzado este viernes a tomar declaraciones a los doce imputados en la pieza separada de A Coruña que investiga supuestas contrataciones irregulares a favor del grupo empresarial Vendex.

Sobre las 15.15 horas abandonó los juzgados de Lugo el técnico de la Casa de los Peces Manuel M., que salió de la sede judicial tras comenzar a declarar sobre las 11.30 horas y declinó hacer declaraciones.

Para esta jornada también estaban previstas las declaraciones del director técnico de la Casa de los Peces, Francisco Franco del Amo, y de la directora de los Museos Científicos Coruñeses, Mónica Iglesias.

En la denominada fase 'Pikachu' han sido imputadas 12 personas, entre concejales y técnicos municipales del Ayuntamiento de A Coruña. Entre ellos, está el primer teniente de alcalde, Julio Flores (PP), y el concejal socialista José Nogueira.

Además del primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno municipal de A Coruña, Julio Flores, figuran como imputados un asesor suyo y el actual concejal socialista y exresponsable de las áreas de Contratación y de Tráfico durante los mandatos socialistas, José Nogueira.

Entre otros, figuran también una asesora de la Concejalía de Cultura; la jefa de Contratación, dos trabajadoras del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), entre ellas su administradora, y el exjefe de asuntos económicos del área de Deportes.

Un centenar de imputados

Con las nuevas imputaciones en A Coruña, la 'Operación Pokémon' ya llega al centenar de implicados en esta instrucción judicial que investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años.

En el epicentro se sitúan las empresas del grupo Vendex, aunque también la concesionaria del servicio de aguas Aquagest centra ramas de esta investigación, entre otras empresas.

Desde que la operación estalló el 20 de septiembre de 2012 con la detención de los entonces alcaldes de Ourense, Francisco Rodríguez (PSdeG); y de Boqueixón, Adolfo Gacio (PPdeG); y del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, la 'Operación Pokémon' ha salpicado a otros gobiernos locales de las ciudades más importantes como los de Lugo y Santiago, donde sus propios alcaldes están imputados.

Aparte de los políticos y técnicos señalados en estos ayuntamientos, también ha sido imputado el alcalde de O Carballiño (Ourense) y se ha recabado información de la concesión de servicios públicos en otros múltiples consistorios como los de Ortigueira, Marín, Ponte Caldelas, Cospeito o Arzúa, entre otros.

Dentro de la propia macroinvestigación del caso 'Pokémon', que permanece bajo secreto de sumario desde hace más de un año, se han subdividido algunas operaciones como la 'Manga', que se centró en Santiago y en la que acabó imputado el exalcalde Gerardo Conde Roa, o la 'Pikachu', con la que ahora fue bautizada la rama que investiga las concesiones en A Coruña.