La plataforma de monitores administrativos de centros docentes andaluces afectados por la problemática abierta tras el anuncio de la Junta de Andalucía de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones —unos 840 en total— ha convocado nuevas concentraciones de protesta por su situación a partir de las 11,00 horas de este viernes 3 de enero en Cádiz, Granada y Málaga, después de que el pasado 27 de diciembre celebraran una comida de Navidad frente al Parlamento andaluz.

Asimismo, el colectivo ha creado una petición en la plataforma digital 'change.org' en la que solicitan la homologación inmediata de la titulación a través de la experiencia en los puestos como monitor escolar, consultada por Europa Press, que ya ha recabado más de 6.000 firmas.

De esta homologación, aducen, depende el trabajo de más de 800 personas que accedieron a sus puestos sin necesidad de esta formación específica en mayo de 2006 y que vienen realizando sus funciones en condiciones "precarias" a través de subcontratas "que no les han pagado nunca más de cinco euros la hora trabajada, sufriendo impagos, retrasos, salarios muy por debajo de su categoría profesional y vulneración de sus derechos fundamentales".

"Tras llevar casi ocho años soportando esta situación, ven como la Junta de Andalucía toma las medidas necesarias para regularizar la situación de los puestos, tomando como principal premisa que estos trabajadores queden excluidos de dicho proceso", lamentan los afectados, para los que esta iniciativa supone "una clara represalia ante la petición de estos trabajadores de respetar las condiciones legales de contratación y no permitir más la precariedad del empleo en puestos de la administración pública".

Por su parte, una de las empleadas afectadas, Esther Porquicho, ha relatado que desde la licitación del curso pasado la empresa "dejó de pagar los salarios", por lo que procedieron a "buscar soluciones" con la administración.

No obstante, ha manifestado que desde el mes de enero no reciben "ninguna nómina completa" y, además, los meses de septiembre y octubre han trabajado con "un contrato menor, porque la Junta rescindió el contrato a la empresa" contratante, "mandando contratos menores a empresas intermediarias que mantuvieron la función los dos primeros meses de curso". Por lo tanto, "después de casi siete años trabajando nos hemos visto en la calle", ha lamentado.