José Ignacio Alonso Rivero, socio de la empresa auditora 'Price Waterhouse Coopers S.L.' e imputado en el presunto delito societario que la juez Mercedes Alaya investiga en cuanto a la anterior gestión de la sociedad mixta Mercasevilla, ha defendido este jueves ante la juez que no conocía las numerosas "irregularidades" que originaron el desfase contable sufrido por esta empresa prácticamente pública y que ni él ni su empresa asesoraron ni prepararon las cuentas de Mercasevilla ni tampoco participaron en "la aplicación del resultado".

José Ignacio Alonso Rivero ha prestado este viernes declaración ante la juez Mercedes Alaya como imputado, en calidad de cooperador necesario, en un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito societario continuado en su vertiente de falsedad en las cuentas anuales.

En concreto, la juez atribuye a Alonso Rivero un total de 14 supuestos por su participante en el "examen y verificación de las cuentas anuales de Mercasevilla del ejercicio 2008 y de ejercicios anteriores que inciden en este último". Mercasevilla, según la juez Alaya, declaró beneficios de 258.024 euros merced a sus cuentas de 2008 cuando en realidad las pérdidas se elevaban a 7.885.285 euros, con lo que la directiva de la empresa y 'Price Waterhouse Coopers S.L.', como empresa contratada para auditar las cuentas, "omitirían intencionadamente ciertas prácticas contables inadecuadas".

La juez, en ese sentido, detalla que en las cuentas de 2006 y después en las de 2008, Mercasevilla contabilizó como ingresos primero 329.738 euros y después 851.658 euros merced a los pagos comprometidos por la sociedad 'Sanma Desarrollos Urbanísticos S.A.' , por el contrato de opción de compra de los suelos del mercal central, cuando dichas cuantías "en virtud de los principios de imagen fiel y prudencia", debieron ser contabilizadas como "pasivos" como mejor manera de reflejar su verdadera "naturaleza", sobre todo a cuenta de la "posibilidad más que notable de que hubiera que devolverlas".

La fundación socioasistencial

Señala la juez también, entre otros aspectos, que el balance a 31 de diciembre de 2008 de Mercasevilla tenía un crédito por importe de 423.375 euros correspondiente al saldo deudor que tenía con ella la Fundación Socio-Asistencial Mercasevilla pese a las "evidencias de la imposibilidad de su cobro, dada la precariedad económica de la Fundación". "El hoy imputado pudo conocer que la Fundación carecía de medios económico financieros para hacer frente al pago de dicha deuda", avisa la juez.

Señala también la juez las sanciones por valor de 369.856 euros impuestas por la Dirección General de Pesca y Agricultura y no contabilizadas en el ejercicio 2008 y el pasivo de 9.046.977 euros relativo al coste del famoso expediente de regulación de empleo (ERE) emprendido en 2007 con la prejubilación de 40 empleados, pues dicha cuantía debería haber figurado como "pérdida" al no mediar "formalidades legales" del compromiso de pago de la Junta de Andalucía, finalmente desligada de la financiación de este procedimiento cuyo coste ha recaído íntegramente en Mercasevilla.

También apunta la juez un premio extraordinario de jubilación que se abonó en 2008 a nueve trabajadores por valor de 256.624 euros y que "no fue contabilizado como gasto" y 76.000 euros entregados a la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla "por supuestos servicios de asesoramiento y reembolso por compra de palets" sin "facturas con los adecuados requisitos formales o contrato que recoja las condiciones o el alcance de los servicios a prestar". Del mismo modo, la juez señala 30.328 euros entregados también a la asociación de mayoristas de pescado como "pagos por los que no se expidieron facturas con los adecuados requisitos formales y sin que tampoco exista un contrato que recoja las condiciones o el alcance de los servicios a prestar".

Lo niega todo

Ante estas acusaciones, y según el acta de declaración recogida por Europa Press, José Ignacio Alonso Rivero ha defendido que desde 'Price Waterhouse Coopers S.L.' se "desconocía cualquier irregularidad" y que las mismas "se investigan en este momento". En cuanto a las partidas relativas al contrato de opción de compra de Sanma, ha defendido que fueron consideradas como ingresos porque la única posibilidad de que las cantidades fuesen devueltas "era en el supuesto de que no se ejercitase la opción de compra y ello parecía plenamente inviable, porque el PGOU configuraba como zona residencial" los suelos del mercado central enajenados en favor de Sanma.

Sobre la deuda de la Fundación Socioasistencia, ha manifestado que él no conocía "la realidad económica" de la misma, ni sus pérdidas ni su "confusión de personal" con Mercasevilla, toda vez que respecto al pasivo de nueve millones del ERE de 2007 ha alegado que al finalizar 2008 "en modo alguno" era conocida la falta de sustento financiero del procedimiento porque la póliza de seguro de rentas contratada con el banco Vitalicio, en la que figuraba la Junta de Andalucía como fuente de los pagos, "establecía con exactitud los importes a pagar por la Junta" y Vitalicio "era una entidad absolutamente relevante". La participación de la Junta en la financiación del ERE, según este socio de la auditora, era "indubitable" pese a que la póliza de seguro de rentas no estaba firmada por la Junta de Andalucía.

El imputado, en ese sentido, explica que una carta de manifestaciones firmada en febrero de 2009 por el entonces alcalde hispalense, Alfredo Sánchez Monteseirín, descartaba en Mercasevilla "compromisos por pensiones o prestaciones laborales". Sobre el premio extraordinario de 256.624 euros para nueve trabajadores jubilados, el imputado ha alegado desconocer tal extremo y sobre las cuantías entregadas a modo de "liberalidad" a la asociación de mayoristas de pescado ha argumentado que no tenía constancia de que "eso pudiera tratarse de una liberalidad o regalo", porque "de ser así se hubiese puesto en conocimiento de la dirección al objeto de tener una respuesta", con la posibilidad de elevar este extremo al "departamento de riesgo" de la empresa auditora.

Los viajes a vietnam

En cuanto a los viajes a Vietnam del por entonces subdirector de Mercasevilla Daniel Ponce, este socio de la empresa auditora defiende que en el muestreo realizado entonces "no apareció nada" de este asunto y que, en principio, "los gastos de viaje no son activables". Finalmente, ha defendido que ni él ni su empresa asesoraron ni prepararon las cuentas de Mercasevilla "ni la aplicación del resultado" y que la herramienta de la auditoría de cuentas es "una foto fija al final de un ejercicio".