El Ayuntamiento de Gandia (Valencia) convocará un pleno extraordinario el 7 de enero para poder presentar todos los documentos necesarios para que la localidad se acoja a las medidas excepcionales previstas en el Real Decreto 8/2013 de apoyo a las entidades locales con problemas financieros en la prórroga de plazo que va a abrir el Ministerio de Hacienda hasta el 9 de enero.

Según ha informado el equipo de Gobierno en un comunicado, tras la reunión del alcalde de Gandia, Arturo Torró, con la Subsecretaria de Hacienda, Rosana Navarro, y el subdirector del departamento el Ministerio ha manifestado la voluntad de ayudar a Gandia "una vez estudiada minuciosamente la documentación enviada, así como las propuestas para alcanzar un equilibrio presupuestario".

La propuesta lanzada por el Ministerio es la autorización para que Gandia se una al plan para ayuntamientos con problemas financieros, en el marco del cual Hacienda va a reconocer medidas excepcionales para los consistorios que superan la media de endeudamiento de España.

El alcalde ha asegurado que siempre ha confiado en el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, "quien siempre se ha mostrado muy sensible a la situación económica del municipio" y ha incidido en que desde el Ministerio se han valorado las medidas de ajuste y contención del gasto que ha venido realizando el Gobierno de Gandia, estrictamente dirigidas por el ministro.

Una "gran ayuda"

Por ello, el primer edil ha agradecido al ministro "esta gran ayuda a los ciudadanos de Gandia que, ajenos a esta situación de endeudamiento, sería injusto que se vieran afectados por un subida de impuestos".

También ha declarado que "esta medida extraordinaria hará que Gandia regrese a la senda de la estabilidad que se perdió por culpa de los socialistas", ahora que "ha quedado claro que Gandia tiene un presupuesto cada vez más equilibrado y que sólo queda ajustar el déficit financiero como consecuencia del excesivo endeudamiento de los gobiernos anteriores".

En la reunión también se ha tratado el posible periodo de devolución de los créditos con plazos de 40 o 50 años para "devolver la exagerada deuda bancaria como solución a los problemas financieros del municipio, tal y como siempre ha apuntado el Gobierno".