Agentes de la Policía Nacional han desarticulado dos redes criminales que controlaban la prostitución en diversas carreteras comarcales de las provincias de Valencia y Castellón. Los responsables de dichas organizaciones habían hecho un "pacto de no agresión" por el que dividían las citadas carreteras en dos zonas para situar a "sus" chicas.

Los dos grupos contaban con el soporte económico de un prestamista que se encargaba de financiar las actividades ilícitas de ambos. En total se ha detenido a 20 personas, todas ellas de nacionalidad rumana, responsables e integrantes de las dos organizaciones. Además, se ha identificado a 11 víctimas que estaban siendo explotadas por ambas organizaciones, detalla este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia de una mujer que estaba siendo explotada por una de las organizaciones y que, tras lograr escapar a su control, se personó en dependencias policiales para denunciar la actividad de estas redes de trata.

Las mujeres eran captadas en Rumanía mediante las falsas promesas de trabajo en España que aceptaban ante la precariedad de su situación económica. Tras su traslado voluntario a España, las mujeres eran aisladas por completo de su entorno familiar y eran obligadas a ejercer la prostitución en diferentes carreteras comarcales que unen las localidades de Canet d'en Berenguer y Sagunto, en Valencia y Moncofa y Nules, en Castellón de la Plana, junto con otras compatriotas suyas.

"pacto de no agresión"

Los máximos responsables de ambas organizaciones habían llegado a un "pacto de no agresión" consistente en realizar un reparto de las carreteras en dos zonas, en cada una de las cuales ejercería su influencia y cada grupo "colocaría" a sus propias chicas. El acuerdo afectaba tanto a los proxenetas como a las mujeres que eran obligadas a prostituirse.

Paralelamente, estas dos redes no dudaban en utilizar la violencia tanto contra las víctimas —para obligarlas a ejercer la prostitución en su beneficio—, como contra otros grupos rivales dedicados a la trata, llegando incluso a lesionar a algunos de sus miembros. En cuanto a las víctimas, la Policía ha comprobado cómo muchas de ellas acudían a trabajar completamente marcadas por las agresiones producidas por quienes las obligaban a ejercer la prostitución.

Prestamista para financiar actividades delictivas

Las investigaciones policiales permitieron averiguar que las organizaciones contaban con el soporte económico de un prestamista que se encargaba de financiar económicamente las actividades ilícitas de ambos grupos.

Desde la obtención de documentos falsos, tanto permisos para poder conducir en Europa sin tener el preceptivo carné o documentos de identidad falsos para evitar ser identificados por las autoridades policiales o judiciales, hasta la "compra" de la voluntad de las víctimas a las que querían trasladar a España para obligarlas a ejercer la prostitución.

Durante los cinco meses aproximadamente que ha durado la investigación, se ha logrado identificar a 11 víctimas que estaban siendo obligadas a ejercer la prostitución para una u otra organización por tiempo indefinido, mediante continuas amenazas y agresiones. También se ha podido saber que ambas organizaciones trasladaban a algunas de sus víctimas a otros países europeos, donde continuaban siendo explotadas sexualmente.

En esta operación se han efectuado seis registros domiciliarios en diferentes localidades de Valencia, Almería y Castellón, en los que se intervino importante documentación relacionada con los hechos investigados, material informático y móviles de última generación, que están siendo analizados por expertos policiales, así como sustancias estupefacientes, dinero en efectivo armas prohibidas y de fuego sin la correspondiente licencia y varios vehículos.

La operación policial está enmarcada en el Plan Operativo contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual puesto en marcha en abril y que ha habilitado el teléfono gratuito 900105090 y el correo electrónico trata@policia.es, para solicitar la colaboración ciudadana y facilitar la denuncia de las víctimas.

Esta investigación ha sido coordinada por la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y en ella han participado las Unidades Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de Valencia y Almería, el grupo Operativo de Extranjeros de Sagunto, Policía Local de Nules y Moncofa, la Unidad de Intervención Policial, el Grupo Operativo Especial de Seguridad y Guías Caninos de Valencia, con la inestimable colaboración de la Agregaduría de Interior de Rumanía en España y el Oficial de Enlace de Inmigración alemán.